Son muchas las familias en Andalucía que tienen en sus casas de zonas rurales varias gallinas ponedoras. Así, consumen sus huevos frescos sin necesidad de ir a un supermercado y gastarse un dineral. El encarecimiento del precio de los huevos ha puesto en el punto de mira a las personas que tienen sus propios gallineros para autoconsumo.
Desde el 1 de enero de 2024, la legislación española obliga a registrar todos los animales domésticos, incluidas gallinas, vacas o cerdos, una práctica común en muchas zonas. La norma ha generado cierto desconcierto. La ley prohíbe expresamente el consumo de huevos procedentes de gallinas no registradas, una medida que puede acarrear sanciones económicas de hasta 3.000 euros. Esta normativa afecta especialmente a las explotaciones avícolas de autoconsumo, es decir, quienes crían aves en sus hogares.
En el entorno rural, es habitual que las familias tengan un pequeño número de gallinas para obtener huevos frescos. Estos excedentes suelen repartirse entre vecinos o, en algunos casos, venderse de manera informal. Sin embargo, aunque siempre se ha llevado a cabo esta práctica sin ningún tipo de requisitos. Las explotaciones más pequeñas están sujetas a la normativa establecida en el Real Decreto 637/2021, del 27 de julio, que regula las granjas avícolas. Inicialmente, esta legislación solo aplicaba a nuevas explotaciones, pero desde el inicio de 2024 se extendió a todas las existentes, independientemente de su antigüedad.
El Real Decreto de 2021 ha cobrado relevancia en las últimas semanas debido al encarecimiento de los huevos en el mercado. Este contexto ha puesto el foco en las normativas que regulan las explotaciones avícolas, incluso las destinadas al autoconsumo, y ha generado debate sobre el impacto de estas medidas en las familias rurales. Las autoridades insisten en que el registro es esencial para garantizar la trazabilidad y la seguridad alimentaria, aunque muchos cuestionan si la normativa es proporcional para las pequeñas granjas caseras.
Obligaciones
Los titulares de explotaciones de autoconsumo están obligados a comunicar previamente la existencia de sus gallinas para su inclusión en el Registro General de Explotaciones Ganaderas. A diferencia de las grandes granjas, estas pequeñas explotaciones no requieren una autorización previa, aunque deben designar un veterinario de referencia y cumplir con ciertos requisitos. El proceso de registro puede variar según la comunidad autónoma, pero su incumplimiento puede derivar en multas significativas.
¿De cuánto es la multa?
La falta de registro de las aves, entre otros, podrían acarrear importantes multas a las familias que crian gallinas. La cantidad asciende desde los 600 a los 3.000 euros. Por ello, para evitar sanciones inesperadas, las autoridades recomiendan conocer la ley y cumplir con todos los requisitos que exige.