La política de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) continúa generando críticas por parte del personal sanitario, que denuncia la precariedad laboral y la falta de medidas para fidelizar a los profesionales. La reciente oferta de empleo del organismo no detalla el número total de contratos disponibles, ni especifica su distribución por categorías profesionales o centros sanitarios, lo que ha sido interpretado como una muestra de opacidad en el proceso según UGT.
La ausencia de contratos de larga duración ha sido señalada como uno de los principales problemas. Los nuevos contratos ofertados por el SAS son, en su mayoría, de corta duración, con vigencias que oscilan entre uno y cinco meses, sin ofrecer estabilidad a los profesionales que desempeñan su labor en el sistema público andaluz.
Esta práctica, que desde la Consejería de Salud se había descrito anteriormente como una medida puntual para responder a necesidades temporales, se habría consolidado como una política habitual, denuncia el sindicato. Según las quejas del personal sanitario, esta dinámica afecta tanto a su desarrollo profesional y conciliación personal como a la atención de los pacientes, al dificultar la continuidad asistencial con un mismo profesional de referencia.
Varias categorías afectadas
A estas críticas se suman las relativas al funcionamiento de la Bolsa Única del SAS, que regula el acceso al empleo temporal. Diversos profesionales han denunciado irregularidades en la actualización de sus méritos, así como la imposición de notas de corte consideradas excesivas, lo que habría provocado la exclusión de numerosos aspirantes.
El plan de ofertas señala contratos de uno o dos meses para varias categorías de la sanidad andaluza como enfermeras, matronas, terapeutas, fisioterapeutas, médicos de Atención Primaria, TCAE, técnicos de farmacia, celadores o administrativos.
En este contexto, distintos colectivos del sector sanitario consideran que la Consejería de Salud continúa sin atender adecuadamente las demandas de los profesionales. Aseguran que esta falta de respuesta se traduce en un progresivo deterioro del sistema sanitario público en Andalucía.