La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha respondido este lunes a las informaciones publicadas por eldiario.es sobre la adjudicación de 117 millones de euros a empresas de la sanidad privada mediante procedimientos de emergencia una vez que el Decreto Ley que los permitía ya no estaba en vigor.
García ha explicado este lunes que todos los contratos de emergencia de servicios de Asistencia Sanitaria Complementaria, con sus adendas y prórrogas, están dentro de lo contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y los "avalan" los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
En este punto, desde Salud han explicado que hay que diferenciar el concepto de estado de alarma y el de crisis sanitaria, pues la situación ocasionada por la Covid-19 "aún persiste en el SAS y sostiene medidas de este tipo, amparadas por el artículo 120 de la LCSP". No obstante, la norma con la que se justifica decayó en mayo de 2021 y muchos de esos contratos se prolongaron hasta diciembre de 2022.
Esta contratación, además de estar amparada por la ley, se ha realizado con "todas las garantías de transparencia", pues toda la documentación está publicada en el Perfil del Contratante, de tal modo que, según ha especificado la titular andaluza de Salud, "todo el mundo puede ver" qué contrataciones "se han hecho en todas las provincias".
La noticia ha sido recibida con indignación por parte de la oposición. El secretario general del PSOE, Juan Espadas, ya ha anunciado que solicitará explicaciones del presidente de la Junta de Andalucía.
Espadas ha reclamado a Moreno que "informe urgentemente de este monumental desvío de fondos públicos en su gobierno", y que "asuma responsabilidades al más alto nivel".
El líder del PSOE-A ha sostenido que dicha noticia "respalda lo que venimos diciendo hace meses" desde su partido, y es que el Gobierno de Moreno "está derivando de manera creciente recursos públicos a la sanidad privada, y hoy conocemos, a través de la información publicada, que lo está haciendo a través de un procedimiento al margen de la legalidad", ha alertado.
Más dura, si cabe, ha sido Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía. La líder de la coalición de izquierdas cree que "Moreno Bonilla ha podido hacer un uso fraudulento de la legislación Covid, incluso tras su derogación, para eludir los procedimientos ordinarios. Esto es muy grave".
"Además del problema legal, ante lo que es un posible caso de corrupción del Gobierno de Moreno Bonilla, en Andalucía tenemos un problema político de primer nivel. Ningún gobierno ni partido se había atrevido antes a tanto. Están desmantelando el sistema público de salud", ha añadido.
Estas informaciones aumentan la tensión sobre las políticas sanitarias del actual Gobierno de la Junta de Andalucía. Los diferentes partidos de la izquierda han acusado a Juanma Moreno en las últimas semanas de llevar a cabo un plan privatizador de la sanidad pública a partir de la publicación de la orden con las tarifas para derivar a pacientes a la sanidad privada.