El rechazo de las principales aseguradoras del país al concurso de Muface amenaza con poner en jaque, aún más, a todo el sistema nacional de salud. Adeslas, Asisa y DKV han rechazado recientemente presentarse a la licitación del Gobierno para la asistencia sanitaria de los funcionarios en los años 2025 y 2026, una situación que deja a un millón y medio de empleados públicos en un escenario de incertidumbre.
El Ejecutivo trabaja a contrarreloj para llegar a un acuerdo con las compañías, que denuncian pérdidas durante los últimos años en los términos del actual contrato. La situación está provocando un gran nerviosismo entre el funcionariado, por lo que miles de los afectados han comenzado a protestar en las calles de todo el país para presionar al Gobierno de cara a encontrar una solución que evite la integración de todos ellos en el sistema nacional de salud. Muchos de ellos temen perder todo el historial médico que han ido acumulando durante todos estos años y tener que empezar de cero.
"En mi caso particular tengo un tratamiento, pero más allá de ello tenemos un historial médico y una vida médica que está vinculada a los datos de las entidades sanitarias que nos acogen", señala Juan Manuel, uno de los afectados que se ha manifestado este lunes en Sevilla.
La concentración ha contado con algo más de un centenar de asistentes. Entre ellos se encontraban José Antonio y Manuel, dos jubilados vinculados al sector educativo. Ambos señalan al Gobierno central por no satisfacer las peticiones de las mutuas. "Hay un trasfondo ideológico para cargarse la sanidad privada. Estamos muy cabreados. De este Gobierno no se puede esperar nada bueno", asegura José Antonio tras haber cotizado más de 41 años. "Al principio ni te preguntaban, te metían por la fuerza en Muface". Este asistente, además, denuncia que aquellos que pertenecen a Muface tienen que pagar el 30% del importe de los medicamentos recetados, algo que consideran un agravio.
Manuel asegura que "la fe es lo último que se pierde", aunque añade que "lo que nos ocasiona es muy gordo. En concreto, a mí, que tengo varios tratamientos y mi historial está en el Infanta Luisa. ¿Con la Seguridad Social voy a empezar de cero?", se pregunta. Lo cierto es que el Gobierno va a contrarreloj y prácticamente sin margen de error. Por si acaso, las comunidades autónomas se preparan para tener que asumir a miles de profesionales públicos. La Junta, de momento, ha querido lanzar un mensaje de calma a los más de 300.000 afectados, "estamos preparados".
Aunque los mutualistas son los más preocupados con la situación actual, también hay funcionarios que en su día escogieron ser tratados en el sector público que consideran un problema que la licitación no salga adelante. "Si toda la gente de otras entidades cae en la Seguridad Social, estando ya la sanidad pública, se va a colapsar el sistema", comenta Sandra, otra de las asistentes a la protesta. "Existe un problema para la gente que se va a quedar sin entidad médica, pero también para los que pertenecemos a la sanidad pública porque está fatal y ni siquiera hay recursos para los que ya estamos".
"La ciudadanía no es consciente del problema que se nos avecina. No es un problema de los funcionarios, es un problema de la sociedad", apunta en esta línea Pedro, también asistente a la concentración de este lunes. "¿Cómo va a absorber la sanidad pública lo que soportan las concertadas? Además, hay compañeros en entidades privadas con problemas patológicos y se les va a dejar tirados. La ciudadanía no es consciente".
Las movilizaciones de CSIF continuarán el 16 de diciembre sin descartar su prolongación si el Gobierno sigue sin reaccionar. "La dignificación del trabajo de nuestros servidores públicos, la protección de sus derechos y condiciones laborales y la defensa de unos servicios públicos de calidad siempre han sido prioridad para CSIF. Somos y seremos la voz ante las injusticias", ha afirmado Rosendo Martínez, presidente de CSIF en Sevilla, quien también ha declarado ante los medios que ninguna institución pública se ha puesto en contacto con los trabajadores afectados para explicar la situación en caso de que finalmente la licitación quede desierta.
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