Aunque era algo esperable porque la Junta no había mostrado indicios de poder rectificar, la publicación del la orden sanitaria por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios ha sorprendido enormemente a toda la oposición.
La decisión ha sido recibida con recelo por el fondo, pero también por las formas. Los sindicatos denuncian la falta de negociación mientras que la oposición critica la opacidad en su tramitación y las fechas elegidas en cada uno de sus pasos. Comenzó su tramitación poco después de las elecciones y ha sido aprobada inmediatamente después de haberse conocido su contenido.
Una orden que además de actualizar los precios ya existentes para realizar conciertos con empresas de salud privadas, por primera vez en la historia pone precio a las consultas de Atención Primaria. Un hecho que el Gobierno de Juanma Moreno defiende como la implantación de un "marco normativo" y que la izquierda define como el primer paso para privatizar la sanidad pública.
La noticia ha sido una auténtica 'bomba' y no ha tardado en tener reacciones de la oposición, los sindicatos, la propia Junta de Andalucía e, incluso, el Gobierno de España. Este último tiene poco que decir porque las competencias están transferidas.
El gobierno del PP consuma la decisión de ponerle precio a la atención primaria andaluza.
— Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) March 2, 2023
Llevaremos al Parlamento nuestro rechazo porque debe dar marcha atrás.
Sr. Moreno Bonilla, si no quiere privatizar la sanidad publica andaluza ¿Por qué le pone precio? pic.twitter.com/2OSLbIuE39
Aun así, María Jesús Montero ha querido hacer una declaración muy simbólica sobre un tema que se produce en plena confrontación entre el Ejecutivo de Sánchez y el de Moreno por el 'impuesto a los ricos'. La titular de Hacienda lo ha calificado como una "mala noticia para Andalucía" y ha señalado que desde el Gobierno de España se estudiará hasta dónde puede llegar.
"Es algo que desde el Gobierno vamos a perseguir y en la medida en que podamos ostentar nuestras competencias, no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás en materia de sanidad pública porque este es el colchón de seguridad que tienen los ciudadanos si caen enfermos o cuando la ciencia tiene posibilidad de curarles", ha manifestado.
Día triste para la sanidad pública andaluza.
— Inmaculada Nieto (@InmaNietoC) March 2, 2023
Publicada la Orden del gobierno de Moreno Bonilla que autoriza la privatización de la Atención Primaria. Una gravísima decisión sin precedentes en toda España.
Por cierto, firmada el 23F. Para que no le falte un detalle. pic.twitter.com/DuNEzBR8o9
A nivel andaluz, el líder socialista ya ha anunciado que su grupo llevará el tema al Parlamento para obligar a Moreno a rectificar. No obstante, la Junta ha tenido tiempo para ello y no lo ha hecho. La orden, recuerda Espadas, establece que el Gobierno andaluz está dispuesto a pagar 16 veces más a una empresa privada que a un profesional de la pública por la misma atención. "Si no es verdad que quiere privatizar, ¿por qué le pone precio?"
Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía y principal responsable de que esta cuestión saliera a la luz, también ha sido muy crítica con la Junta. "Una decisión sin precedentes en el conjunto de nuestro país y el ataque más grave a nuestro Servicio Andaluz de Salud", ha dicho Nieto. Su compañero Toni Valero, incluso, advertía de que "dentro de poco tendremos que pagar por ver a nuestro médico".
Desde la coalición de izquierda temen que esto vaya en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores públicos al mismo tiempo que abre la puerta a las empresas privadas a "hacer negocio". "Es un día muy triste. Una falta absoluta de receptividad ante las críticas unánimes", ha sentenciado Nieto que en sus redes ironizaba con que se hubiera firmado el 23F.
La comparecencia de la consejera
El 22 de febrero, una semana después de que la tramitación de esta orden se hiciera pública, la consejera de Salud Catalina García comparecía en el Parlamento para explicar esta cuestión. En su intervención repitió en varias ocasiones que en Andalucía no se iba a privatizar "nada. N-A-D-A. Dejen de infundir miedo".
Aquella negación aún resuena en la cabeza de algunos diputados. Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García ha acusado este jueves a la consejera de haber mentido en sede parlamentaria. "La consejera nos faltó el respeto y a la ciudadanía y dijo que no iba a ver nada de privatización", ha recalcado García.
El diputado andalucista cree que "esto es ponerle precio a la Atención Primaria", para privatizarla. Al mismo tiempo ha denunciado el hecho de que las empresas privadas puedan utilizar infraestructuras públicas por un precio un 35% inferior a los marcados.
No sólo los diputados han reaccionado a la aprobación de la norma. José María González, alcalde de Cádiz, también ha mostrado su rechazo. "Es un ataque al corazón del sistema sanitario público en Andalucía", expresaba González.
🚨 ¡Nos roban la sanidad pública andaluza!
— Adelante Andalucía (@AdelanteAND) March 2, 2023
La semana pasada la Consejera de salud repitió una y otra vez que "de privatización na-da".
Ha mentido descaradamente a toda la ciudadanía. pic.twitter.com/vgX1QZwzCA
"En ese afán por destrozarla, el PP potencia el negocio y la especulación con la salud de las andaluces y las andaluzas con una orden para privatizar la Atención Primaria, que es la más cercana y el filtro más amplio y más necesario de todo el sistema sanitario", ha señalado el regidor gaditano.
Un día después de aquella comparecencia, Inmaculada Nieto volvió a preguntarle al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por la sanidad. Entonces, Moreno respondió diciendo que le alegraba la pregunta para poder explicar otra vez el "esfuerzo" del Gobierno en esta materia porque tenía la sensación de que no estaba llegando a la ciudadanía.
Fue entonces cuando el presidente de la Junta volvió a mencionar inversiones e infraestructuras así como gasto en PIB mientras que Nieto le rebatía con el incremento en derivaciones a hospitales concertados hasta el punto de que un hospital de Málaga no tenía operaciones suficientes para acreditar a estudiantes MIR.
Moreno no hizo referencia a esta orden, aunque sí algunos de los miembros de su Ejecutivo. Tanto Antonio Sanz como el portavoz, Ramón Fernández Pacheco, repitieron en varias ocasiones que no había intención de privatizar nada y que todo era un marco normativo para que en situaciones excepcionales, el Gobierno tenga unos precios fijados y no dependa del mercado.
La cronología de los hechos
Una de las cuestiones que más inquieta a la oposición han sido las fechas elegidas por el Gobierno de Juanma Moreno para dar cada uno de los pasos hasta la publicación de la orden este 2 de marzo.
La norma comenzó su tramitación el 7 de julio, es decir, pocas semanas después de que el PP de Juanma Moreno lograra una mayoría absoluta histórica en Andalucía. La propia Nieto le comentaba en la anterior sesión de control que, si hubieran anunciado esto en campaña, "lo mismo no eran hoy 58", en referencia al número de diputados.
Aquello, con Jesús Aguirre aún de consejero en funciones, no tuvo trascendencia. Ni siquiera cuando el PSOE lo mencionó en septiembre la cuestión tomó la relevancia que tenía.
El proceso ha sido lento ya que no hubo novedades entre julio y febrero. El 13 de ese mes fue cuando Inmaculada Nieto lo denunció a la prensa. En aquel momento el tema hegemonizó la política andaluza hasta el punto de que el Gobierno de Moreno estuvo realmente incómodo durante esos días.
El 22 de febrero se celebró la comparecencia de Catalina García después de la petición de todos los grupos. En el pleno negó la privatización y cuestionó el papel de la oposición. Curiosamente, un día después de palpar el descontento generalizado, García aprobó una orden que llevaba varios meses paralizada. Una semana más tarde ha cogido carácter oficial tras su publicación en el BOJA.
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