La Diputación de Sevilla responde de urgencia ante el virus del Nilo "por la falta de reacción de la Junta"

El ente provincial llevará a los tribunales la cuestión de si es competencia de los ayuntamientos o del Gobierno andaluz, al tratarse de un asunto de salud pública

Trabajos de control contra el mosquito transmisor del virus del Nilo en Dos Hermanas.

La emergencia por la situación del mosquito transmisor del virus del Nilo no decae. Una situación que ha generado una brecha entre administraciones, y que se salda con la intervención directa de la Diputación de Sevilla para controlar la situación. El pasado viernes, una resolución de presidencia reconocía la situación de emergencia no catastrófica, tramitándose así con premura la contratación de dos empresas para hacer frente a la situación en 13 municipios más afectados. Son Lokimica S.A, para las actuaciones en el margen derecho del río Guadalquivir, y Athisa, para las que se ejecutarán en la margen izquierda.

Estos municipios son Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Dos Hermanas, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, Lebrija, Palomares del Río, Utrera y Villamanrique de la Condesa. Son municipios que se bañan en el Guadalquivir o en las zonas inundadas colindantes con Huelva. El balance, por el momento, es de dos fallecidos a causa de la infección.

Desde el fin de semana ha avanzado la tarea burocrática para la vigilancia y el control de vectores, tareas más que acuciantes. "Son dos empresas solventes técnicamente para acometer estos trabajos con total garantía, con acreditada experiencia en el sector, que realizarán las acciones de manera simultánea en los 13 municipios y que pondrán a disposición para las mismas drones, vehículos terrestres medios aéreos, en función de lo que demande cada una de las parcelas en las que se van a aplicar estos tratamientos", explicaba este lunes Gonzalo Domínguez, diputado de Servicios Supramunicipales del ente provincial. Las actuaciones continuarán hasta el 15 de noviembre, aunque no se descarta ampliar esa fecha. Tampoco se cierra la posibilidad en esas contrataciones para que se incluyan más municipios. 

Este jueves, el pleno de la Diputación centrará parte del debate sobre esta emergencia. Y se tratará la judicialización del asunto. Porque Diputación ve una lesión de la autonomía local en el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos que aprobó la Junta el pasado mes de abril. El problema es que ese documento traslada, según la Diputación, a los ayuntamientos la tarea de prevención y control. "Hace recaer en las administraciones locales, tanto a nivel de prevención como de control, el ejercicio de competencias y responsabilidades en la materia, todo ello sin análisis competencial previo ni consulta a los órganos que tienen encomendada esta función preceptivamente, ni previsión económica alguna sobre el incremento presupuestario que genera la asunción de competencias no previstas en la Ley", señala la resolución firmada por el presidente, Javier Fernández.

Y el problema es que son poblaciones pequeñas, "con una población inferior a 20.000 habitantes, e incluso en algún supuesto inferior a 5.000 y consta que la Delegación Territorial de la Consejería de Salud ha requerido  a muchos de ellos el cumplimiento de lo ordenado, a lo que han seguido incluso la apertura de procedimientos sancionadores". Una medida que los ayuntamientos no entienden. "Considera a la Administración Local como un mero apéndice organizativo de la Comunidad Autónoma", al exigirles una respuesta para la que no están dotados, y se establecen competencias sin una norma de rango legal. 

El presidente de Diputación, Javier Fernández, se ha referido al asunto este miércoles en una visita a Camas. "La Junta está planteando que esto es competencia de los ayuntamientos. Entendemos que es un tema de salud pública que pertenece a la Junta de Andalucía, pero nosotros hemos salido ya al auxilio de esos municipios, viendo la urgencia y que no había reacción de la Junta". 

El escenario judicial planteado es que sea un juez el que dirima de quién es la competencia, pero "hemos activado una partida de un millón de euros. Los ciudadanos de esos municipios y los alcaldes y alcaldesas no van a entender que entremos ahora en un asunto de competencias. Diputación acude a su asistencia, y luego judicialmente visualizaremos definitivamente quién tiene la competencia".