La noche del 13 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ante toda España para decretar el estado de alarma. El día siguiente, un 14 de marzo, como hoy, la vida ya era distinta para todos los ciudadanos españoles. La rutina de cada español había cambiado por completo. Los juegos de mesa volvieron a estar de moda, los retos en Instagram eran infinitos y cada día había una nueva cita con el balcón para aplaudir a los sanitarios. Todo aquello fue con la esperanza de que durase apenas dos semanas. Y todavía estamos liados, aunque hay cosas peores.
En el decreto se establecía que "la circulación deberá realizarse individualmente y se limitará a actividades de primera necesidad, tales como compras de alimentos o medicamentos, asistencia a centros sanitarios o entidades financieras, retorno a la residencia habitual o asistencia a personas vulnerables. También se exceptúan los desplazamientos al lugar de trabajo".
La primera reacción del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, fue constituir un Gabinete de Crisis. Al día siguiente, la Semana Santa en Andalucía se suspendía. A partir de ahí veríamos en la Junta de Andalucía un mensaje que se prolongó durante la pandemia, "desde Andalucía ofrecemos lealtad y reclamamos liderazgo político, responsabilidad y unidad de acción".
"Muere más gente por una gripe común que por el coronavirus"
En este tiempo, la Junta siempre ha presumido de anticiparse a los hechos y de haber visto antes que nadie la llegada del virus por la constitución del Comité de Expertos – que ha servido tanto de escudo como de arma arrojadiza – a mitad de febrero. Sin embargo, una semana antes de la declaración del estado de alarma, el día 6 de marzo, el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo afirmaba que "muere más gente por una gripe común que por el coronavirus". Realmente nadie sabía lo que había delante de nuestras narices.
La actividad parlamentaria también cesó. Sólo funcionaba la Diputación Permanente, con un número reducido de diputados. Absolutamente todo se detuvo. Todo menos el trabajo, una movilidad que exceptuaba el texto del Estado de alarma. En ese periodo se mantuvo cierta unidad política, al menos en el primer mes y medio. A partir de ahí, Vox ya empezó a denunciar que el estado de alarma era una herramienta excesiva. La izquierda fue más prudente, aunque reclamaba recursos para combatir el virus. En ese momento conocimos a los rastreadores. La Junta, eso sí, empezó a pedir la "cogobernanza".
Desde entonces, seis olas
En un principio, el primer estado de alarma parecía suficiente. Todo el mundo había reducido su vida social al máximo y los contagios, hasta mitad de junio – cuando decae el primer decreto de alarma – se desplomaron. El verano y el resto de nuestras vidas parecía que iban a volver más pronto que tarde a la normalidad. Aun así, sólo fue el principio. Tras la primera ola vinieron otras cinco. Tras el primer estado de alarma, de tres meses, llegó otro de seis, aunque con medidas más laxas.
En total, ha habido 1.375.795 contagios en Andalucía, casi 70.000 hospitalizados, de los cuales 7.000 han estado en la UCI y 13.120 fallecidos. Números que no son reales ya que en los primeros meses de la pandemia apenas se detectaba uno de cada diez casos, según declaraciones de las propias autoridades competentes. De hecho, las cifras oficiales de la Junta de Andalucía contemplan la primera ola como la que menos contagios tuvo y la tercera con menos fallecidos. Algo que, obviamente, no se corresponde con la realidad. Mucho menos si acudimos al exceso de mortalidad con 6.000 fallecimientos más de los contemplados para esas fechas. Sin embargo, los datos oficiales únicamente contemplan 1.444 decesos por covid.
1.375.795 contagios / 69.617 hospitalizados / 6.931 en la UCI / 13.120 fallecidos
Durante la segunda ola, tras el verano, hubo 243.025 contagios – por los poco más de 16.000 registrados en la primera – y 4.085 fallecidos, la que más muertes ocasionó según las cifras oficiales. Estos números parecen muy superiores a los de la primera, pero el impacto en la sociedad fue menor. Coincidiendo con ella, el Gobierno aprobó un segundo estado de alarma, que se prolongaría seis meses gracias al apoyo parlamentario. En esta excepcionalidad, eso sí, el peso de las comunidades autónomas fue mucho mayor.
Tras un respiro para la Navidad, y después de la llegada de las primeras vacunas, tuvimos una tercera ola con 230.330 contagios y 3.930 fallecidos, una cuarta con 126.167 contagios y 860 fallecidos – la que menos –, una quinta con 194.568 contagios y 1.040 fallecidos y una sexta – la última, por ahora – con 565.434 contagios y 1.761 fallecidos. Más positivos y menos letalidad. Estas últimas fueron las que dieron protagonismo a las variantes: alfa, delta y ómicron.
En el inicio se aunaron esfuerzos y recursos. La desesperación llevó a la Junta de Andalucía a contratar a 20.000 profesionales sanitarios extras, pero a 8.000 de ellos no se les renovó el contrato en octubre de 2021. Otros 12.000 lo finalizarán en marzo. El Gobierno andaluz afirmó que esos 8.000 ya no harían falta porque el virus había pasado. Pese a ello, en los últimos meses de 2021, las colas en los centros de salud eran el día a día de los medios y las redes. El colapso seguía presente en la sanidad andaluza por muchos datos que defendiera Moreno Bonilla y su equipo. El vicepresidente, Juan Marín, aseguró en una entrevista radiofónica en la Cadena SER que la contratación de esos profesionales no iba a asegurar nada. Poco después, el Gobierno comenzó a repetir que la totalidad de esos 8.000 habían vuelto a ser contratados. Los propios profesionales lo negaba y algunos, incluso, ya trabajaban en Cataluña.
Las medidas adoptadas
El primer estado de alarma fue el del mando único en el que el Gobierno de España decidía. Aun así, determinadas gestiones se mantenían en las comunidades autónomas, como el caso de las residencias, que tanta polémica despertó. Precisamente, Jesús Aguirre, consejero andaluz de Salud, manifestó hace poco, en un acto durante la campaña de Castilla y León, que uno de sus peores momentos había sido cuando Salvador Illa, ministro de Sanidad por aquel entonces, incautó miles de mascarillas de una fábrica andaluza para abastecer otros lugares en los que escaseaban.
Fuera del ámbito sanitario vimos medidas que a la postre se demostraron como inútiles: el cierre de parques infantiles, la retirada de servilleteros, el cierre de las playas… En aquel momento, hasta comprensible. Aunque muchos gobiernos decidieron tirar de ellas también más adelante. Durante ese verano, los gobiernos autonómicos establecieron aforos y horarios para el ocio nocturno y un toque de queda que se quitaba y se ponía sin demasiada explicación. E, incluso, alguna plaza de toros se vio con bastante buena entrada en Andalucía.
El segundo estado de alarma, que comienza en octubre de 2020, sí fue el Estado de Alarma de las autonomías. Los gobiernos regionales habían recuperado prácticamente todas las competencias, pero entonces, lo que hacía falta según el Gobierno andaluz era "liderazgo" del Gobierno central y uniformidad en la toma de decisiones. Eso no impidió que la Junta decretara casi cuatro meses de cierres perimetrales entre provincias mientras el resto del país se podía mover a su antojo, sin importar que hubiera familias separadas.
El Partido Popular comenzó con la idea de que el estado de alarma ya no era necesario. Pero cuando cayó, las comunidades del Partido Popular reclamaron que no tenían instrumentos jurídicos suficientes para combatir la pandemia. Nació por entonces la idea de la Ley de Pandemias, idea que parece haberse enterrado con la caída de Pablo Casado. Todo llegaba tarde hasta que sucedía, entonces se comentaba que había habido precipitación. En el Gobierno andaluz, por otro lado, comenzó el discurso de que Sánchez sólo acierta "cuando rectifica".
De hecho, una de las últimas medidas, ya sin estado de alarma, fue la vuelta de las mascarillas a los exteriores. El Gobierno central la había retirado de aquella forma, con una comunicación mediocre, pero las había quitados. Había informes científicos de sobra que advertían de su inutilidad para parar los contagios. Pero ómicron recuperó el pánico entre los gobiernos autonómicos, el andaluz entre ellos. Además, la coletilla del Comité de Expertos lo soportaba todo, aunque cuando interesase se deslizaran medidas antes de que se reuniera. Finalmente, el Gobierno cedió y las mascarillas volvieron. En algún lapsus, Jesús Aguirre reconoció que realmente era una medida de prevención social y no sanitaria, para tener a la gente alerta.
La vacunación
La gran esperanza y la gran certeza de estos dos años ha sido la vacunación. El 27 de diciembre de 2020, Antonio, de 83 años y Pilar, de 78, se convertían en los primeros andaluces que recibían la vacuna para hacer frente al virus. El proceso, hay que decir, en poco más de un año, ha sido rápido y eficaz. A pesar de ello, tampoco faltaron los reproches entre las administraciones.
7.319.849 andaluces tienen la pauta completa
El ritmo de vacunación fue exponencial. A los cuatro meses, apenas el 25% de los andaluces había recibido alguna dosis de la vacuna, sólo el 11% la dosis completa. Cuatro meses más tarde, ya no hablábamos de mayores de 16 años, sino de mayores de 12. Aun así, el 86% ya tenía una vacuna y el 75% de los andaluces comprendidos en esta franja de edad ya tenía la pauta completa.
Actualmente, un año y tres meses después del inicio de la campaña de vacunación, hay un total de 7.319.849 andaluces con la pauta completa, es decir, el 86,4% de la población – incluyendo a la franja que va desde los 5 hasta los 11 años, por la aprobación de las vacunas infantiles –. Los andaluces han hecho la parte que les tocaba.
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