Los funcionarios han vuelto a salir a la calle en varias ciudades españolas, convocados por CSIF, a la espera de que se resuelva el mantenimiento de Muface, el sistema por el cual tienen acceso a la sanidad privada. Un derecho que echó a andar en los setenta y que se ha mantenido medio siglo.
Los gobiernos autonómicos, en su mayoría del PP, están exigiendo un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las aseguradoras privadas después de que el último concurso quedara desierto y tampoco fuera considerado en un segundo intento, en el que el Estado ofrecía más dinero para atender a millón y medio de empleados públicos y sus familiares. La razón es que los sistemas públicos están saturados en casi todo el país, y absorber a estos nuevos pacientes -en Andalucía, más de 400.000- empeoraría la situación.
Sobre la nueva negociación: "Creemos que se podrá resolver"
Rosendo Martínez, líder de CSIF en Sevilla, ha lamentado que siguen sin saber "cuál va a ser su sistema de salud". Las negociaciones, señala el sindicato funcionarial, "están bastante avanzadas". Las ofertas a las aseguradoras han sido, primero, del 17% respecto al anterior contrato. Luego, del 33%. Ahora, del 41%. "Creemos que se podrá resolver", señala CSIF.
Actualmente, el servicio está prorrogado y siguen prestándolo las últimas aseguradoras que se llevaron el contrato público, DKV, Asisa y Adeslas. Ahora, Mapfre y Sanitas han señalado que se van a pensar las nuevas condiciones, que van a leer los pliegos y ver si verdaderamente les vuelve a interesar hacerse cargo de esta cartera de clientes. "Sería una irresponsabilidad no considerarlo", señalaba este miércoles el presidente de Mapfre.
Para este jueves, en un principio, estaba convocada una huelga, que finalmente se aplazó a la espera de las negociaciones, si bien se han mantenido las movilizaciones en la calle. "Al fin y al cabo, la huelga supone un sacrificio enorme tanto para el funcionario que la hace, que le cuesta el dinero, como para el ciudadano que la sufre", añadía Martínez.
Desde CSIF acusan aún al Gobierno de "ineficacia", toda vez que ahora mismo el servicio está prorrogado, gracias a la Ley de Contratos del Sector Público, pero desde enero el acuerdo está vencido. Achacan a Sanidad no haberse sentado a negociar con todas las partes "en octubre, solucione este problema para que cuando ya llegara el enero lo tuviéramos solucionado. Lo que no puede ser es que se esté subastando de la manera que se están subastando las inquietudes, en medio de un trato".
Una situación que si bien no es un limbo legal, sí genera muchas dudas, no solo a los funcionarios, sino a las propias aseguradoras. Tratamientos que se deben seguir dando, pero sin saber si a la larga estos empleados públicos van a mantener a sus médicos. En la mayoría de casos, médicos de familia, pero en otros, en casos de enfermedad, aún más incertidumbre.
"Es que van al médico y le dice: 'bueno, esta prueba que estaba para mañana la vamos a poner dentro de dos meses'. ¿Por qué le dicen dentro de dos meses? Porque no saben si van a ser competentes, si van a cobrar o no".
Los afectados no son solo estos funcionarios, sino los jubilados. Además, afecta a cuerpos tan numerosos como Policía, Guardia Civil, Justicia o profesorado de la pública.