El Gobierno ha dado luz verde a una nueva oferta a las aseguradoras para los años 2025, 2026 y 2027 y no acabar, así, con el sistema de opción de sanidad privada entre los funcionarios. Una situación que provocaría un importante incremento del número de pacientes casi de un día para otro en el sistema público, que ya actualmente se encuentra pasando estragos. En España, actualmente son 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. Unos 320.000 en Andalucía. En MUFACE, el 65% son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.
En la nueva oferta, la cuantía total de la contratación para la asistencia sanitaria de los mutualistas en España asciende a 4.478 millones de euros, 957 millones de euros más que el concierto vigente. El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027. En total, 4.478 millones de euros, lo que supone un aumento de la prima del 33,5% en tres años.
Con esta oferta, Sanidad espera que las aseguradoras, tras el plante del último concurso público, acepten y se presenten para prestar en el próximo trienio el servicio. La prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027.
Eso sí, el Gobierno reclama públicamente a las aseguradoras que sean más transparentes. Ha habido en las pasadas semanas "consultas preliminares de mercado, para que las aseguradoras justificaran cómo fijan sus precios".
Y ello ha significado que se agrupe por edad a los funcionarios para calcular el coste medio de cada uno. Con eso, pretende el Gobierno convencer a las aseguradoras que no perderán dinero. Una de las causas del plantón está en el incremento de edad de los funcionarios. Ello deriva, a su vez, en un incremento de costes de los servicios. "Ahora se pasa de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes", explica el Ejecutivo central.
"Hasta que se adjudique el nuevo concierto, los mutualistas tendrán garantizada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales, en virtud del mecanismo de orden de continuidad de los servicios que contempla el artículo 288 a) de la Ley de Contratos del Sector Público", asegura asimismo el Gobierno, que rechaza la posibilidad deslizada por las aseguradoras de dejar de prestar servicio desde el 1 de enero.
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