La posibilidad de que Muface deje de existir es más que real. Así lo revela un informe del Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, al que ha tenido acceso la Cadena SER, y que propone directamente acabar con el sistema de acceso a la sanidad privada para los funcionarios. En total, un millón de mutualistas -y sus familias- que pasarían a ser atendidas en la sanidad pública.
Todo llega tras el desierto en el concurso que lanzó el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Las tres entidades que habían obtenido el último contrato, Asisa, Adeslas y DKV, decidieron no participar. La razón era puramente económica. A pesar de que el Gobierno incrementó la partida del concurso para el próximo bienio en un 17%, consideraron que incurrían en costes superiores a la oferta. El plan del Gobierno fue, a partir de entonces, plantearse un incremento aún mayor de la prestación por la adscripción de los funcionarios a la privada. Pero Sanidad ya estudia acabar con Muface.
De esta forma, las comunidades autónomas se harían cargo del servicio de un millón de familias. Hay que recordar que si un funcionario -o un familiar que esté adscrito- acude a la pública por una razón que no se considere de la mayor emergencia, Sanidad puede mandar el recibo con los costes, algo que a menudo provoca que los funcionarios decidan finalmente pasar al sistema público, porque al entrar en Muface, el empleado público pasa a quedar fuera completamente de la asistencia pública.
El Gobierno dedica en este momento 2.681 millones a Muface. Ahora, según el número de funcionarios que residan en cada comunidad autónoma, el Gobierno transferirá a cada región una parte proporcional de ese fondo.
El plan del Ministerio de Sanidad es que se cumpla la prórroga automática de Muface de cuatro meses, por lo que hasta abril seguiría todo igual. A partir de ahí, entrarían en la pública. Las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han advertido de las dificultades añadidas que supondrían un aumento de la presión en la ya mermada asistencia pública. En Andalucía, la Junta calcula que incrementaría el servicio en 440.000 personas, entre funcionarios y sus familiares. Hace unos días, el Parlamento pidió al Gobierno por mayoría que no retirara Muface, un acuerdo de PP, PSOE y Vox del que solo se descolgaron Adelante y Por Andalucía.
Una de las preocupaciones de la Junta es que cuando aún continúa la grave crisis de las listas de espera, entren en el SAS cientos de miles de personas con problemas de salud diversos. La de Muface es, a menudo, una población envejecida que requiere un cuidado mayor, por lo que las intervenciones se multiplicarían.