La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía mantiene que, con la reciente noticia publicada en los medios, se certifica lo que esta organización sindical denuncia "desde hace tiempo".
“No se trata sólo de que se haya retirado la subasta, con el consiguiente incremento del gasto farmacéutico, como ya mostró un análisis reciente de CCOO, o del uso indiscriminado de la externalización de la asistencia sanitaria, que pudo haber alcanzado incluso a la Atención Primaria y que la presión sindical y ciudadana consiguió frenar. Lo más grave es que el incumplimiento de la ley parece que formaba parte de la hoja de ruta”, añade el responsable del gabinete de análisis y estudios de la FSS-CCOO Andalucía, Daniel Gutiérrez.
Para la FSS-CCOO Andalucía, “este uso fraudulento de la ley” coincide con el deterioro de la sanidad pública andaluza en los últimos años. Así, destaca que los fondos públicos han pasado a manos privadas y, mientras estas empresas se enriquecían, el SAS incrementaba “desorbitadamente” las listas de espera y el tiempo de demora para una cita en Atención Primaria, reducía la contratación de personal temporal, negaba derechos a los profesionales y desatendía las condiciones de muchos centros sanitarios.
Asimismo, la FSS-CCOO Andalucía denuncia el “incumplimiento masivo” de los acuerdos con los sindicatos, que iban a permitir una mejora de la calidad asistencial y de los derechos laborales y, muy probablemente, un freno a la salida de profesionales, que buscan fuera del SAS mejores condiciones. “Sin embargo, el Gobierno andaluz ha justificado los incumplimientos a la falta de presupuesto, mientras, como estamos viendo, traspasaba recursos públicos a empresas privadas”, asevera Gutiérrez.
Para CCOO, estos últimos años se han caracterizado por una mala gestión de la sanidad pública, como atestiguan los datos y las continuas dimisiones de responsables del SAS y de la Consejería de Salud, “el maltrato” a los profesionales y a las organizaciones sindicales, el claro objetivo de privatizar cada vez más parcelas de la asistencia sanitaria y, tal como afirman sus propios órganos de fiscalización, el fraude de ley para beneficiar a empresas privadas.
“Hay una estrategia deliberada por parte de la Junta de Andalucía de favorecer los intereses de las empresas farmacéuticas y de la sanidad privada”, expresan desde el sindicato, creyendo que no solo se trata de la subasta, sino del incumplimiento de la ley.
Comentarios