El Partido Animalista Pacma ha expresado su apoyo a las movilizaciones convocadas por el sector veterinario en protesta contra el Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Como parte de esta reivindicación, numerosas clínicas veterinarias de toda España llevarán a cabo un cierre simbólico el próximo 11 de febrero. La medida ha sido impulsada por diversas asociaciones y colegios veterinarios, que denuncian el impacto negativo de la normativa en su labor profesional.
Pacma ha manifestado que esta regulación desacredita la profesión veterinaria y dificulta el acceso a tratamientos adecuados para los animales. Además, el partido ha reiterado su exigencia de reducir el IVA en los servicios veterinarios, una demanda histórica del sector.
Los veterinarios advierten que las nuevas restricciones pueden fomentar la automedicación por parte de los dueños de mascotas, al dificultar la obtención de tratamientos adecuados. Por ello, solicitan la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con el objetivo de eliminar trabas administrativas que afectan a la actividad clínica.
Asimismo, el sector ha mostrado su rechazo a la obligación de comunicar la prescripción y uso de antibióticos en animales de compañía, argumentando que esta medida incrementa la carga burocrática y encarece los servicios veterinarios. Destacan que el control del consumo de antimicrobianos ya se encuentra registrado en el sistema europeo ESVAC, por lo que consideran innecesaria la nueva exigencia.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla también ha expresado su apoyo a las movilizaciones y al cierre simbólico del 11 de febrero. En sesión extraordinaria celebrada el 6 de febrero, su Junta de Gobierno respaldó la protesta y denunció las dificultades que la normativa impone al ejercicio de la clínica veterinaria.
Desde el 2 de enero, los veterinarios están obligados a comunicar a la plataforma PRESVET el uso de antibióticos en animales de compañía, una medida que consideran apresurada e impracticable. Argumentan que la falta de adaptación al nuevo sistema genera una carga administrativa excesiva y puede comprometer la calidad del servicio veterinario.
Los profesionales del sector reconocen la necesidad de un control en el uso de antibióticos, pero defienden que este debe implementarse de manera progresiva y sin afectar la prestación sanitaria. Recuerdan que ya existen mecanismos de vigilancia del consumo de antimicrobianos, como el sistema ESUAVet, que forma parte del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos.
Ante esta situación, el Colegio de Veterinarios de Sevilla solicita al Ministerio de Agricultura la implementación de una moratoria de un año para adaptar el sistema PRESVET antes de su aplicación definitiva. También reclama la suspensión del régimen sancionador durante este periodo y la colaboración de las organizaciones colegiales en la formación de profesionales y ciudadanos sobre el uso responsable de antibióticos.
Además, exigen la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, con el fin de flexibilizar los requisitos de suministro y venta menor de medicamentos veterinarios. Consideran que estas modificaciones son esenciales para garantizar un adecuado ejercicio de la clínica veterinaria sin comprometer la salud pública.
El colectivo veterinario mantiene su compromiso con la defensa de la sanidad animal y la salud pública, pero advierte que continuará movilizándose hasta que se atiendan sus demandas. La protesta del 11 de febrero pretende visibilizar la problemática y presionar a las administraciones para que adopten medidas que garanticen el bienestar de los animales y faciliten la labor de los profesionales veterinarios.