El Parlamento de Andalucía ha rechazado este pasado miércoles la propuesta legislativa presentada por Por Andalucía que buscaba reclasificar al personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con especial atención a las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería. La iniciativa fue defendida por la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien abogó por una "reclasificación correcta" de varios cuerpos de ayudantes de facultativos, incluyendo a las mencionadas técnicas.
El Gobierno andaluz expresó su oposición a la propuesta, argumentando que las modificaciones sugeridas deben realizarse a nivel estatal mediante la modificación del estatuto marco correspondiente. Nieto denunció lo que considera una "injusticia" hacia un colectivo de aproximadamente 20.000 trabajadoras del SAS, cuya labor es fundamental en la atención sanitaria, pero que, según ella, están encuadradas en una categoría profesional que no se corresponde con su titulación.
La parlamentaria criticó al Ejecutivo andaluz por no cumplir los compromisos adquiridos con este colectivo y enfatizó que la reclasificación al grupo C-1 no solo reconocería la categoría adecuada para estas profesionales, sino que también implicaría retribuciones acordes con la responsabilidad y funciones que desempeñan. Nieto instó al Gobierno a reflexionar sobre esta situación, asegurando que existen recursos suficientes para resolver lo que calificó como una injusticia.
"No defiende la sanidad pública"
Desde el PSOE, el diputado Manuel Gaviño acusó al Gobierno andaluz de evitar el debate porque, en su opinión, "no defiende la sanidad pública". Gaviño afirmó que la comunidad autónoma tiene competencias sobre el régimen estatutario de este personal, contradiciendo la postura del Ejecutivo que atribuye la responsabilidad a la normativa estatal. Además, señaló que la verdadera cuestión radica en el coste económico, sugiriendo que el Gobierno prefiere destinar recursos al sector privado.
Ana María Ruiz, representante de Vox, argumentó que la autonomía es una "máquina de pobreza" y culpó al bipartidismo de PSOE y PP de la falta de igualdad entre los ciudadanos. Ruiz destacó la ausencia de una base jurídica clara y criticó la dilación en la solución de estos problemas profesionales debido a la disputa competencial entre administraciones.
Por su parte, Maribel Mora, diputada de Adelante Andalucía, defendió que la proposición de ley buscaba esencialmente "hacer justicia". Mora señaló que la normativa que regula la situación de estos profesionales es "preconstitucional" y expresó su convicción de que, desde las competencias autonómicas, es posible resolver el problema.
Manuel Bonilla, del PP, reconoció la buena intención de la iniciativa, pero advirtió que su implementación requeriría modificaciones legislativas, especialmente en la "normativa básica". Según Bonilla, intentar aplicar estos cambios a nivel autonómico podría generar "más problemas que soluciones".
Durante el debate, representantes de la Federación de Técnicos y Profesionales de la Salud (FTPS-SAE) estuvieron presentes en el Parlamento, y también momentos antes manifestándose en el exterior.
Cristóbal Arjona, responsable autonómico de FTPS-SAE en Andalucía, manifestó que la aprobación de la proposición habría supuesto "un paso más en nuestra lucha y el reconocimiento laboral y retributivo de los Técnicos Sanitarios".
La negativa del Parlamento a considerar la propuesta ha generado descontento entre los colectivos afectados, que esperaban una respuesta favorable a sus demandas de reclasificación y reconocimiento profesional. La discusión ha evidenciado las diferencias entre los grupos políticos respecto a la gestión de competencias y la valoración del personal sanitario en Andalucía.