La Junta de Andalucía va a realizar auditorías internas sobre sus propios contratos de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud durante los años 2021 y 2022 para hacer frente a la pandemia. El objetivo del Gobierno andaluz es realizar un control interno al gasto. La medida se aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado 14 de mayo.
En total, según la Memoria de Contratación Pública de la Junta de Andalucía, el SAS utilizó 604 millones de euros en las contrataciones de emergencia de dichos cursos. El control financiero permanente se traduce en afrontar cuatro modalidades de auditorías: de cumplimiento, financiera, operativa y de programas, según detalla el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía. La alternativa al control financiero permanente es el control previo, que se ejecuta mediante la fiscalización previa, los informes previos de las modificaciones presupuestarias y la comprobación material del gasto.
La Junta de Andalucía ha tomado la decisión después de que los contratos de emergencia hayan provocado una gran polémica en la política andaluza. El PSOE denunció irregularidades en estos procedimientos y anunció su intención de llevarlo a los tribunales ante la falta de información ofrecida por parte del Gobierno andaluz.
Además, el Partido Popular ha evitado en el Parlamento de Andalucía que se crease una comisión de investigación. El rechazo se produjo en dos ocasiones: una tras una propuesta de Adelante Andalucía y otra por parte de los propios socialistas. Uno de los puntos claves en todo esto es que la Junta de Andalucía utilizó este procedimiento después de que el Gobierno de España derogase el decreto que lo permitía. Además, la propia Consejería de Hacienda advirtió de que ya no estaba en vigor la norma.
El acuerdo de Consejo de Gobierno incluye también para el control financiero permanente de todas las consejerías y agencias administrativas los gastos de indemnizaciones por razón del servicio que se establecen en el Decreto 54/1989, como son los casos de desplazamientos, comisiones de servicio, traslados de residencia o asistencia a tribunales de oposiciones.
De igual forma se contempla las indemnizaciones por gastos de vivienda y alojamiento de los altos cargos, que se regulan en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2000, así como los expedientes de gasto de la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), que concede la Consejería de Inclusión Social. Hay otros 44 apartados que pasan a ser objeto de esa modalidad de control por la Intervención General de la Junta.
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