El juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha emitido un auto en el que cita en calidad de investigados a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. La razón es el avance de la investigación sobre los contratos de emergencia que se firmaron en periodo de época covid y que fueron prorrogados cuando había decaído el marco legal que permitía mayor laxitud en las administraciones.
El auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, implica la apertura de diligencias ante un presunto caso de prevaricación, un delito que siginfica la posible toma de decisiones injustas por parte de autoridad a sabiendas de ello.
Ahora, los máximos cargos de los dos últimos años en el SAS deberán acudir al juzgado como investigados a declarar. Hay que recordar que 'investigado' es la denominación que se emplea para referirse a los 'imputados', pero una reforma legal, por la carga negativa del término, modificó la fórmula.
Para la investigación, el juez también pide que el SAS aporte documentación relativa a los contratos que se firmaron en esta época, por el cual muchas clínicas privadas en cada una de las ocho provincias fueron beneficiadas por acuerdo sin publicidad para hacerse cargo de pacientes que la sanidad pública no podía atender.
La denuncia fue interpuesta por el PSOE y admitida a trámite hace unas semanas, lo que supuso la judicialización del asunto tras las críticas de la oposición durante más de un año. La querella es una amplia recopilación de documentos administrativos y entre ellos varios informes, como uno del interventor de la propia Junta que indica que se contravino la Ley de Contratación Pública al no justificarse la emergencia, más si cabe al decaer el periodo por el cual las administraciones públicas, habilitadas por normativa estatal, pudieron trabajar con mayor agilidad para hacer frente a la presión de la pandemia.
Tras advertir de ello una información de eldiario.es, la Junta aseguró que siempre actuó conforme a la legalidad, pero solo dos días más tarde rompió esos contratos realizados a dedo. La querella del PSOE incluye no solo el posible delito de prevaricación, sino también de malversación, falsedad documental y organización criminal.
La actual gerente del SAS tomó posesión el pasado mes de diciembre de 2023, procedente del Reina Sofía de Córdoba. Sustituía a Diego Vargas, quien fue el gerente durante los años de pandemia. A su vez, Vargas llegó al cargo tras Miguel Ángel Guzmán, quien fue nombrado en 2019 y que pasó a la viceonsejería de Salud. Guzmán abandonó la actividad pública para intentar fichar por Asisa, pero finalmente por incompatibilidad no pudo incorporarse.
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