La situación de la Sanidad pública es un problema para el conjunto de las comunidades autónomas. Y Andalucía no escapa de ello, ni mucho menos. Por primera vez en democracia, los funcionarios podrían ser atendidos por el sistema público de salud. Actualmente, con Muface, tienen la opción de ser atendidos en la privada. En Andalucía, esta posibilidad ha sido la elegida por unas 320.000 personas, más sus familiares directos.
Después de que el concurso público lanzado por el Ministerio de Sanidad quedara desierto, una situación inédita, se ha abierto un periodo de incertidumbre. Teóricamente, el contrato actual está en vigor hasta el 1 de enero, pero el Gobierno dice que no hay prisa porque se produciría una prórroga automática de unos meses para permitir la salida paulatina de los adscritos a Muface.
En el fondo, es una cuestión de dinero. Las aseguradoras piden un 40% más que en el anterior contrato para no perder dinero. Detrás está el incremento de costes en el sector sanitario, en relación con el aumento de costes de los tratamientos, y con el envejecimiento de la población, que conlleva más necesidades.
De no salir adelante el nuevo acuerdo, deberán ser los servicios de la sanidad de cada comunidad autónoma los que afronten la llegada de más de medio millón de empleados públicos. En el caso de Andalucía, 320.000 personas absorbidas por el SAS, que no está pasando por su mejor momento.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, advertía este miércoles que "el Gobierno no puede eliminar un derecho que tienen los trabajadores públicos desde hace décadas". Y era claro: "Esto pone en riesgo el conjunto del sistema de salud de nuestro país, que ya está al límite, y puede terminar en colapso en muchos rincones de España. El Gobierno de la Nación tiene la absoluta obligación de darle solución a este problema que ha generado el propio gobierno no sabiendo negociar".
Lo hizo en una sesión del Parlamento, el Debate sobre el estado de la Comunidad, donde comunicó tres nuevas reformas en la atención primaria ante el evidente deterioro de trámites tan sencillos como ser visto por un médico de familia, al no haber citas disponibles en muchos momentos del año en centros de salud.
Y lo hizo además cuando este miércoles se manifestaban miles de funcionarios en toda España para reclamar una solución al Gobierno que permita el mantenimiento de Muface. De hecho, el propio Ejecutivo, a través de los ministerios de Sanidad y de Función Pública, están especulando con la posibilidad de que acabe Muface y el privilegio de los trabajadores públicos de ser atendidos en la privada, algo que proviene de los años 70.
"Lamentablemente son las empleadas y los empleados públicos quienes están sufriendo las consecuencias de una crisis ocasionada por cuestiones estrictamente económicas. Son centenares de denuncias las que recibimos porque las aseguradoras están anulando, denegando y retrasando citas médicas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, incluso en situaciones de enfermedades graves", señalaba CSIF este miércoles.
Los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, USO, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP y SIAT recuerdan que los funcionarios deciden la sanidad privada en un 72% de los casos adscribirse al sistema. Avisan de que la subida de la prima propuesta por el Gobierno del 17% es insuficiente para que Asisa, Adeslas y DKV acepten hacerse de nuevo con el contrato. Si el acuerdo no se produjera, "exigimos que se mejore la inversión en la sanidad pública para conseguir una atención de calidad".
El diputado popular en el Congreso Ignacio Romaní ha explicado que en Cádiz esta situación afecta a 35.000 empleados públicos. "Exigimos al Gobierno que solucione el problema en lugar de seguir saboteando un sistema que ha funcionado hasta ahora y que ofrece asistencia sanitaria a más de un millón y medio de personas en nuestro país. Una asistencia sanitaria que el Ejecutivo está poniendo en peligro con su actuación y podría provocar la saturación del sistema público y la ampliación de las listas de espera. Es un nuevo ejemplo de que el Gobierno crea problemas donde no los había".