El 16 de febrero de 2018 la vida de seis personas cambiaría para siempre en el barrio sevillano de La Macarena. Una reivindicación social ha terminado siendo un episodio judicial. Aquel día, 18 miembros del colectivo que lucha por la vivienda digna fueron identificados por la Policía tras la 'okupación' de un edificio que se encontraba vacío. De ellos, seis fueron enviados a prisión provisional durante dos meses. Ahora, a todos les ha llegado la notificación para enfrentarse a un juicio el próximo 15 de julio. Los dos meses en la cárcel pueden convertirse hasta en cinco años para algunos de los acusados.
El origen de este episodio se encuentra en una red de apoyo creada para respaldar a personas sin hogar que no recibían respuesta de las administraciones. Ello provocó que muchos de ellos acamparan frente al Parlamento de Andalucía. Estas personas crearon el movimiento 'Corrala Dignidad', que fue aumentando poco a poco su apoyo y que logró acoger en un edificio 'okupado' a más de 50 personas que no tenían un techo donde pasar las noches.
Tras estos primeros movimientos, los participantes decidieron 'okupar' un edificio de la calle Macarena que se encontraba vacío para seguir ofreciendo alternativas habitacionales. Estos apartamentos, según participantes en el movimiento, no tenían instalación eléctrica ni suministro de agua, por lo que pudieron confirmar que estaban vacíos. "Con la ocupación se pretendía denunciar el modelo de vivienda especulativo imperante en nuestra sociedad", señalan personas que estuvieron en la protesta.
Sin embargo, la Policía truncó la reivindicación un día después de que se 'okupara' el edificio. El atestado policial, no obstante, asegura que la 'okupación' se produjo ese mismo día. "La causa era muy motivadora porque es algo muy real. Nos motivó ir para allá a apoyar a personas sin hogar que se estaban organizando", señala uno de los implicados en el movimiento. "De ir una mañana a apoyar una 'okupación' tan tranquilamente hasta ver que te mandan detenido", añade uno de los acusados que prefiere mantener su identidad en el anonimato de cara al juicio que se celebrará en el mes de julio. Ese día fueron identificadas 18 personas y seis detenidas. Todos ellos denuncian que todo fue "un montaje policial".
🛖📢CONCENTRACIÓN POR LA ABSOLUCIÓN DE LOS 18 DE LA MACARENA🔥🔓
— Absolución 18 de la Macarena (@18delamacarena) June 21, 2024
El próximo 15 de Julio a las 9:00h en los Juzgados de la Buhaira, Sevilla.
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"Llegaron varios policías vestidos de paisano. Se metieron por la azotea y pidieron a la gente que se marchara, pero como no se identificaron algunos se quedaron. Hubo momentos de tensión", relata esta fuente, que denuncia el uso de "fuerza desmedida" por parte de la Policía cuando se sumaron los agentes uniformados.
Han sido seis años de incertidumbre sin saber cuándo llegaría el día. "Éramos conscientes de que la notificación iba a llegar", reconoce uno de los implicados a este medio. "Cuando el tiempo pasa sin que haya noticias, lo dejas en un segundo plano. No obstante, estaos en libertad provisional y tenemos que firmar en el juzgado una vez al mes", apunta. A pesar de que esta persona afirma que "tiene el cuerpo hecho", compañeros suyos viven los días con ataques de ansiedad o miedo. Sobre todo viendo que otros casos similares acaban en condena de prisión.
Ahora han comenzado un crowdfunding para poder hacer frente a todas las peticiones económicas que ha realizado la acusación y que sumadas a la fianza superan los 100.000 euros, una cantidad que no pueden abonar los encausados. De momento, gran parte de la solidaridad ha llegado por parte de la Plataforma por la Vivienda en Sevilla.
"El atestado es falso. Se trata de defender la verdad. No hubo agresión a la Policía, no se agredió a nadie en la protesta y el edificio no se 'okupó' esa misma mañana", asegura uno de los acusados por daños, lesiones y usurpación violenta. "Estoy mentalizado para cualquier tipo de sentencia. Si sale bien, sería una victoria y demostraría que el apoyo de la gente hace que la justicia se incline a favor de los derechos. Si sale mal sería un golpe para nosotros, para todos los que tienen problemas con la vivienda y para todos los que protestan por este derecho. Puede ser un palo para todos los que quieran luchar por el derecho a una vivienda digna", sentencia.
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