"Mi trabajo consistía en hacerlo todo". Carmen Guerrero comenzó a trabajar en el año 1975 para las monjas de clausura del convento de las Capuchinas de San Fernando, "a cambio de la vivienda, la luz y el agua" de la portería adjunta al templo religioso. Su trabajo consistía en "abrir la iglesia, cerrarla, hacer la compra, acompañar a las monjas al médico, poner la comida para el sacerdote cuando venía...". Las religiosas no salían del convento y Carmen estaba autorizada para ir al banco a pagar sus cuotas, pero ella no estaba dada de alta en la Seguridad Social, "me decían que no podía ser, con lo que tenía ya estaba bien".
En octubre de 2018, Ildefonso Portillo, marido de Carmen, recibe una notificación en forma de burofax del Obispado de Cádiz, en el mismo se indicaba al matrimonio que debían abandonar las dependencias del convento, lugar que ha sido su residencia familiar durante más de 44 años de "servidumbre", como apunta Auxiliadora Moreno, graduada social y asesora jurídica del matrimonio en el proceso legal que están viviendo.
El matrimonio respondió a la notificación y el Obispado envió a una persona para ofrecerles un alquiler de 350 euros con tres años de contrato. "Y de lo pasado, nos olvidamos", apunta Carmen con resignación al recordar las palabras del empleado. Para su abogada, esta afirmación constituye el punto más importante del caso, "nos olvidamos de todo, es decir, aquí no han pasado 44 años de trabajo".
En la negociación mantenida con la persona designada por el Obispado gaditano, Carmen fue tajante "yo no me voy". Auxiliadora explica como ese matrimonio "ha trabajado a destajo, sin que ellos se quejen del tiempo y el esfuerzo realizado. Todo lo han hecho sin contrato, dos trabajadores por el módico precio de uno", ya que en el 15 de febrero del 1977 dieron de alta a Ildefonso, "porque no teníamos Seguridad Social".
Auxiliadora Moreno, asesora al matrimonio sobre su caso FOTO: Manu García
"Esta pareja no ha tenido capacidad económica para comprar una vivienda; además, trabajar aquí ha sido una dedicación exclusiva", apunta la asesora revisando el caso, "no podían ir a otra casa a dormir, si las monjas los requerían a las tres de la madrugada debían estar aquí". Más que un trabajo, "era una servidumbre".
Las condiciones para habitar esta vivienda nunca fueron puestas sobre la mesa, "si hubiéramos sabido que con lo que Ildefonso ganaba, al cumplir los 65 años nos echaban a la calle habríamos buscado otra solución", dice Carmen. Por otro lado, su marido recuerda un documento que firmaron con la madre superiora del convento en el año 2008 que aseguraba que "aunque me jubilase y como la casa estaba a beneficio de Carmen si a ella le pasaba algo podría seguir viviendo en la casa".
Vivir con incertidumbre
Con todo ello, en los últimos meses del proceso "se contestó a la demanda de desahucio y ahora el caso está parado", cuenta Auxiliadora. "La jueza escuchó a las partes pero la pieza laboral sigue abierta". Se ha celebrado el juicio social y existe una sentencia que reconoce la relación entre el Obispado y Carmen, ya que es a quien se "se estaba retribuyendo con la especie (la vivienda)".
La relación reconocida entre Obispado y Carmen tiene fecha del 24 de enero de 2017, momento en el que las monjas tuvieron que marcharse del convento pero su labor comenzó mucho antes, "hace 44 años", como asegura la misma. "Ahora queda reclamar las cuotas de la Seguridad Social que se le deben para conseguirle su pensión de jubilación", comenta Auxiliadora.
Carmen Guerrero estuvo trabajando para las monjas desde el año 1975 FOTO: Manu García
"La sentencia no es firme", la abogada recuerda que la recurrieron y asegura que "el matrimonio va a seguir teniendo su casa, al menos por un tiempo". Pese a ello viven con la incertidumbre de que alguien entre por la puerta y les diga que se tienen que marchar. "No se merecen vivir así después de los años de trabajo, no culpamos al obispo pero la entidad es la misma, y la responsabilidad recae sobre la institución que ahora debe responder y rectificar", finaliza Auxiliadora.
44 años de servicio frente al interés económico del Obispado
Hasta cuando moría un benefactor del convento las monjas enviaban como su representados al matrimonio de Carmen e Ildefonso."Nosotros cobrábamos en especie y trabajando la vida entera para poder vivir", afirma Ildefonso cuyo sueldo "era el mínimo interprofesional", unos 600 euros y 700 actualmente tras su jubilación. "En aquella época", recuerda, "se podía solicitar viviendas de protección social pero requerían que se habitasen, nosotros no podíamos porque estábamos dedicados 24 horas a las monjas. Cuando les proponíamos esta opción nunca estaban de acuerdo".
Ildefonso Portillo trabajó por el salario mínimo durante muchos años FOTO: Manu García
Las monjas se marcharon el pasado 25 de enero de 2017, coincidiendo con la jubilación de Ildefonso. "Quería echarme antes, el Obispado instaba a las monjas a que me despidieran porque quería el convento ya". De hecho, "venía tres veces por semana a decirle a las monjas que tenían que irse, estaban muy presionadas".
Desde que el nuevo obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, llegó "buscando la rentabilidad económica de todas las propiedades de la Iglesia", protagonizando hasta la fecha varios escándalos sonados en toda la provincia. Y pese a que la estancia de las monjas en las Capuchinas "no les costaba un duro", apostilla Ildefonso, "era el momento de coger una propiedad en el centro de San Fernando", un lugar que por su ubicación y posibilidad urbanística "vale un dineral".
El enclave no ha dejado de recibir visitas, facilitadas por un empleado del Obispado, "gente del Partido Popular ha venido antes de las elecciones. Lo importante del recinto es la huerta porque a tres metros tiene dos edificios de doce plantas y hay un amplio terreno para construir", afirma entristecido el marido de Carmen.
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