Desde su pequeño despacho de Puerto Serrano, una localidad enclavada en la Sierra de Cádiz, Juan Ramón García Cadenas, que se autodefine como "un abogado de pueblo", ha conseguido una victoria judicial que al principio se le antojaba como "un David contra Goliat" en toda regla.
Este letrado defiende a más de una veintena de víctimas de la talidomida, un fármaco recetado en los años 50 y 60 para aliviar las náuseas de las embarazadas que terminó provocando malformaciones en los bebés. Recientemente, ha recibido una alegría en forma de sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a cobrar indemnización a personas que quedaron excluidas de las ayudas.
El Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985, que llegó tras una larga lucha del colectivo, sin embargo dejó fuera a un centenar de socios de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), ya que no tenían un informe del registro estatal de enfermedades raras que gestiona el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El abogado polichero Juan Ramón García Cadenas, que sabe bien las consecuencias que tiene la talidomida, ya que su padre es uno de los afectados, dedicó sus vacaciones de verano a estudiarse el Real Decreto, y la forma de reclamar estas indemnizaciones para los afectados andaluces que habían quedado excluidos, pero que contaban con documentos que reconocían la enfermedad, emitidos en Andalucía.
"Nuestra baza era el principio de igualdad y la efectividad de una resolución administrativa", cuenta García Cadenas a lavozdelsur.es. "España es un país descentralizado y el Gobierno central no puede decir que para considerarte víctima de la talidomida tengas que tener un documento de un organismo concreto", agrega. En este caso, del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
Así, el letrado serrano ha recibido la primera sentencia favorable para una mujer, clienta suya, que tiene un grado de discapacidad reconocida del 91%, por lo que percibirá más de un millón de euros, ya que el Real Decreto estipulaba el pago de 12.000 euros por punto de discapacidad. La media, apunta el abogado, es que los afectados cobren entre 500.000 y 600.000 euros, según el caso.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ya dictó dos sentencias en junio de este año, en las que anulaba varios artículos del Real Decreto, estimando parcialmente recursos interpuestos por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), de cinco afectados que tenían reconocida la condición de afectados por la Junta de Andalucía.
La sentencia emitida ahora, dice el letrado Juan Ramón García Cadenas, es la primera de las que vendrán, siguiendo esa misma línea. Tras fallar la vía colectiva, e interponerse demandas individuales, cuyas resoluciones se irán conociendo próximamente. En su caso, defiende a socios de la Asociación Andaluza de Víctimas de la Talidomida.
"Han tenido que ser ellos mismos quienes peleen para que la Justicia les reconozca este derecho", dice el abogado García Cadenas, quien asegura que el colectivo está "eufórico" tras estas primeras sentencias. Este "desafío" profesional para este letrado lo asume por su padre, como afectado, y por unas víctimas que conoce bien. "No se podía quedar así", comenta, tras conocerse la exclusión más de un centenar de afectados.
"Muchas madres han muerto sin saber por qué sus hijos tenían malformaciones, pensando que era culpa de ellas", lamenta García Cadenas. Por eso, confiesa que cuando presentaba los recursos estaba "temblando, porque tenía en mis manos la esperanzas de un colectivo".
Qué es la talidomida
La talidomida es un fármaco que fue supuestamente comercializado por la compañía alemana Grünenthal GmbH entre 1957 y 1962, aunque hasta 1985 hay constancia de que se siguió recetando en España, provocando malformaciones en unos 3.000 bebés.
La talidomida se prescribía a embarazadas para aliviar sus náuseas, sobre todo durante los primeros meses de gestación, pero terminó provocando gravísimas malformaciones connatales.
Era un tranquilizante y analgésico eficaz y se utilizó contra el resfriado, la tos, el dolor de cabeza o el insomnio. Miles de mujeres embarazadas, en esas décadas, tomaron la talidomida, para aliviar las náuseas matinales.
Lo que no se sabía entonces era que el fármaco atravesaba la placenta y dañaba al feto, por lo que miles de niños en decenas de países de todo el mundo nacieron con malformaciones.
Hasta en 50 países se comercializó la talidomida y España ha sido uno de los últimos en resolver las compensaciones a las víctimas. La mayoría superan el medio siglo de vida y otras muchas han fallecido sin recibir ningún tipo de ayuda.
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