Ecologistas en Acción, presente en la comisión para la gestión de la sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate, que recoge la necesidad de establecer recortes en el consumo de agua: reducir un 20% el humano e industrial y hasta un 50% el consumo agrícola, valora el suspenso de las medidas de ahorro aprobadas el pasado mes de abril. De ahí que ahora se intensifiquen.
"Los usuarios no han cumplido con las medidas de reducción del 25% de agua en el uso agrario y del 5% tanto en el uso urbano como en el industrial, aprobadas en la anterior reunión del 13 de abril de 2023, en aplicación del Plan Especial de Sequía vigente", insiste Ecologistas. Los casos más llamativos se encuentran en las localidades de Bornos y Villamartín, en lo referente a los usos agrario, la térmica de Arcos en el uso industrial y el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana en el uso urbano.
En algunos casos de uso agrario, como la zona regable de la margen izquierda de Bornos, el consumo ha aumentado un 99% en plena sequía; en el caso de la zona regable de los Llanos de Villamartín y Coto de Bornos, el aumento ha sido del 23%, cuando tenían la obligación de reducirlo un 25%. En plena sequía se han destinado 4.012.038 metros cúbicos de agua a la térmica de Arcos, que, además, emite ingentes cantidades de CO2. Y se han destinado 80.435.659 metros cúbicos a abastecimiento urbano, agua que gestiona un Consorcio que viene incumpliendo la Ley, señala la entidad.
Especialmente grave es que los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, excepto los de Cádiz y Chiclana, están incumpliendo la Ley que les obliga a tener aprobados Planes de Sequía. En la reunión de la comisión los usuarios denunciaron robos de agua, esquilmación de acuíferos, vertidos de aguas contaminadas al río Guadalete, entre otros hechos delictivos sin que el organismo competente en materia de agua dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural haga nada para evitar estos hechos. En palabras del presidente de la comisión, "necesitaríamos a la Legión”, “necesitaríamos miles de inspectores y no los tenemos”.
El representante de Ecologistas en Acción en dicha comisión, Mariano Maeztu, emitió el único voto en contra de la propuesta de medidas, justificando dicho voto en que la propuesta no soluciona ni a corto ni a largo plazo el problema de las demandas crecientes con unos recursos menguantes. Maeztu denunció que el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana ha estado expandiendo su ámbito de actuación de forma ilegal a diversas poblaciones de la provincia, hacia La Janda y Campo de Gibraltar, vulnerando el artículo 1 de la Ley 17/1995 de Trasvase del Guadiaro. También denunció que el Consorcio ha informado favorablemente todas las macrourbanizaciones (Següesal, Golf Trafalgar, Área de Oportunidad Trafalgar-San Ambrosio, Atlanterra Golf…) asegurando que “hay recursos suficientes para abastecerlos”.
Ecologistas en Acción de Cádiz considera que se está poniendo en riesgo el abastecimiento de los 800.000 habitantes de las poblaciones a las que legalmente puede abastecer dicho Consorcio. Por ello, en la comisión además pidió que se exijan responsabilidades, por esta actitud y forma de proceder.
Por otra parte, Maeztu pidió que se prohíba el riego de olivos, almendros y pistachos de forma definitiva, así como de los campos de golf. Incluso los que se riegan con agua subterránea, ya que esos recursos deben servir para abastecimiento urbano, y los que se riegan con agua depurada, pues esos recursos deben ir a complementar usos agrarios. El representante de Ecologistas hizo un ruego concreto y directo al presidente de la comisión, para que no actúe con optimismo, planteando que la situación va a mejorar el próximo año hidrológico, ya que esto es sólo puro deseo sin base científica alguna.
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