Miguel Molina, alcalde de Barbate, ha salido al paso del derribo de una vivienda que se encuentra en una parcelación urbanística situada en suelo rústico. Molina ha querido su "solidaridad" con la familia afectada por la demolición de su vivienda. "Ningún alcalde quiere que se le derribe su casa a ningún vecino; y, por supuesto, pese a las acusaciones que se están vertiendo sobre mi persona y sobre el Ayuntamiento de Barbate, quiero aclarar que las competencias en disciplina urbanística y expedientes de demolición recaen en la Junta de Andalucía, sobre todo cuando se trata de zonas cercanas a lugares de especial protección o costeras".
La Junta de Andalucía ha manifestado que el derribo este martes de una vivienda construida ilegalmente en suelo rústico dentro de la zona de influencia de las marismas de Barbate, en el paraje Ribera de la Oliva, responde a "criterios urgentes de seguridad, salubridad y medio ambiental, dada la existencia de fosas sépticas en gran parte de estas edificaciones ilegales"; y a la proximidad a las marismas, al estar ·a escasos 500 metros" de la ribera del mar; destacando que "todos los vertidos originados en estas edificaciones ilegales tendrían como destino los dominios públicos hidráulico y marítimo y el espacio protegido".
El regidor barbateño ha comentado que "la gente debe saber que no se puede construir viviendas en suelos no urbanizables porque se arriesga a que ocurran circunstancias como la que se está viviendo, donde finalmente llega una sentencia judicial de derribo. Está ocurriendo en El Palmar, en el diseminado de Conil y en otras muchas zonas de Andalucía".
"Poco podemos hacer desde las administraciones locales y lo que hemos hecho es lo que vamos a seguir haciendo, es decir, empadronar a todos los vecinos y vecinas que podamos siempre bajo el amparo de la Ley, tal y como nos refleja el Instituto Nacional de Estadística", añade.
Molina hace hincapié en que "el Ayuntamiento no puede ir contra la sentencia de un juez. Si un juez señala que hay que derribar no podemos oponernos, ni el equipo de Gobierno, ni la oposición, ni ninguna otra administración. Sería incurrir en un delito y está claro que no podemos estar al margen de la ley. Todos sabemos o deberíamos saber que no se puede actuar contra una sentencia judicial".
El alcalde de Barbate dice que se centrará en "planes especiales ambientales, aunque la Ley Lista los también tumba en viviendas en procedimientos judiciales. También miramos la opción de que se inscribieran como viviendas turísticas, pero ocurre lo mismo. Y es que, como se ha vivido y vive en el diseminado de Conil o en El Palmar, los ayuntamientos poco pueden hacer una vez que el proceso se adentra en un procedimiento judicial".
"Lamento muchísimo lo sucedido a esta familia. Nos hemos puesto a su disposición. Hablé personalmente con técnicos de la Junta e inspectores que llevaban este caso para buscar una solución, pero viendo que ni urbanística, ni administrativamente podemos darle una solución, lo que está claro es que contra una sentencia judicial la única manera de revocarla es a través del propio sistema judicial", afirma.
Miguel Molina tiene claro que "este asunto no debe servir a nadie para sacar rédito político. Mentir a los vecinos y vecinas ahora es despreciable porque saben, por experiencia y por ejemplos que viven otros alcaldes incluso de su signo político, que nada se puede hacer desde las competencias de un Ayuntamiento contra una sentencia judicial y porque mañana, si entran a gobernar, esas palabras, esas mentiras, se les volverán en contra y será entonces cuando pidan que no se haga política con este tipo de dramas que a nadie le gusta vivir pero que lamentablemente suceden en todo el litoral andaluz porque sencillamente construir en suelo no urbanizable va en contra de la ley y es un riesgo enorme hacerlo".
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