El coronel de la Comandancia en Cádiz, Luis Martín Velasco, y el general jefe de la Guardia Civil de Andalucía, Luis Ortega Carmona, respiran tranquilos tras conocer que la Audiencia Provincial de Cádiz ha archivado la causa abierta contra ellos por su supuesta responsabilidad en la muerte de los dos agentes fallecidos en Barbate el pasado mes de febrero.
La fatídica noche del 9 de febrero, dos guardias civiles fallecieron tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto barbateño. Unas imágenes grabadas por testigos, que rápidamente se viralizaron, indignaron a muchos ciudadanos que contemplaron con qué osadía actuaban los narcos en esta zona.
Velasco y Ortega fueron denunciados por un delito contra la seguridad y la salud en el trabajo, y por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, como presuntos “responsables de haber dado la orden en el operativo de Barbate”, pero la Audiencia ahora archiva esta causa, según informa Diario de Cádiz.
Fue la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) quien interpuso una querella contra los dos altos cargos de la Benemérita, a los que consideraba culpables del asesinato de Miguel Ángel Gómez y David Pérez, los agentes que perdieron la vida tras ser arrollados por la narcolancha.
Pero la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz considera que los altos mandos de la Guardia Civil que dieron la orden de intervenir la noche del asesinato no tienen responsabilidad penal, una decisión contra la que no cabe recurso, por lo que la causa queda archivada.
La Fiscalía de Cádiz ya se mostró contraria, el pasado mes de julio, a investigar a Luis Martín Velasco y Luis Ortega Carmona. La Audiencia gaditana no cree que se les pueda imputar un delito de homicidio imprudente, porque hay una ruptura del "nexo causal" entre la muerte de los agentes y las decisiones que tomaron sobre el operativo.
Falta de medios
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate ratificó esta misma semana la orden de prisión comunicada y sin fianza para los dos últimos detenidos por ser tripulantes de la narcolancha que, el pasado mes de febrero, embistió brutalmente a una patrullera de la Guardia Civil en el puerto de Barbate.
AUGC ya había criticado que los detenidos quedaran en libertad en las primeras etapas de la investigación. Además, denunció que este tipo de decisiones socavan la confianza en el sistema judicial y no hacen justicia al sacrificio de los agentes que a día de hoy no son considerados grupo de riesgo y que arriesgan su vida combatiendo el narcotráfico.
"Llevamos años denunciando la falta de recursos y apoyo institucional que sufren los guardias civiles en su lucha contra el narcotráfico. Este caso es una prueba más de la necesidad de que las autoridades actúen con contundencia para garantizar no solo la seguridad de los agentes, sino también la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia", señalan desde la AUGC.
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