El Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido comenzar una batalla judicial contra el Gobierno de España por el conflicto que surgió hace unas semanas sobre las retribuciones de los funcionarios de justicia. Al tener las competencias de este ámbito cedidas, la subida salarial no va a afectar a los trabajadores andaluces, algo que ha sentado muy mal en la propia plantilla de la administración de Justicia y en el Ejecutivo que dirige Juanma Moreno. La medida ha provocado movilizaciones recientes por parte de los afectados, quienes han pedido una solución a ambas administraciones.
Como respuesta, el Consejo de Gobierno ha aprobado un requerimiento que va a enviar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para pedir que se anule el acuerdo. Es el paso previo, y también necesario, para que la Junta de Andalucía acuda a los tribunales a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de España ya que Andalucía se siente perjudicada con esta medida. La Junta ha añadido esta decisión a la lista de agravios que viene denunciando en las últimas semanas.
La Consejería de Justicia que dirige José Antonio Nieto critica que el Gobierno sólo aumente las retribuciones a los profesionales de las comunidades que no tienen las competencias de Justicia transferidas. Para la Junta de Andalucía, el Ministerio "no se ajusta a derecho y perjudica" los intereses de las comunidades con las competencias transferidas, ya que ha acordado la subida en el complemento específico, es decir, sólo para sus funcionarios, aunque los cambios afecten a todos por igual con independencia de en qué comunidad trabajen. El requerimiento destaca la "inadecuación" del concepto retributivo y la vulneración del principio de igualdad entre comunidades autónomas con competencias transferidas y el principio de igualdad de todos los españoles que prestan servicio en estos territorios.
El acuerdo entre el Ministerio, CSIF y UGT sólo afecta a 10.328 funcionarios de Justicia de los 39.500 que hay en España, 8.212 de ellos en los juzgados de Andalucía, la comunidad con más partidos y órganos judiciales y, por tanto, con más profesionales, por lo que se ve "especialmente perjudicada".
La base de las reclamaciones salariales de los sindicatos y de la subida acordada está en los cambios que supondrán las futuras leyes de eficiencia de la Administración de Justicia que se están tramitando en el Congreso de los Diputados y que afectarán a los trabajadores de todo el país, por lo que el Gobierno andaluz sostiene que el incremento debe recaer en el complemento general del puesto y no en el complemento específico.
Comentarios