La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha reiterado su petición de que se tenga en cuenta el número de víctimas como criterio para el reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Así lo ha trasladado este martes durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas.
El departamento que dirige Loles López ha instado nuevamente al Gobierno de España a estudiar una propuesta que, según subraya, responde a un criterio objetivo proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que permitiría ajustar mejor los fondos a la realidad de cada territorio.
En la reunión sectorial se ha acordado la distribución de 160 millones de euros dirigidos a medidas contempladas en el Pacto de Estado, con el fin de seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista en todo el país.
Andalucía recibirá un 15,16% del total
De esos fondos, a Andalucía le corresponderán 24,2 millones de euros en 2025, lo que representa el 15,16% del total. Esta cifra queda tres puntos por debajo del peso poblacional de la comunidad, que se sitúa en el 18,5%. Además, la región recibirá otros 2,5 millones para financiar programas y planes autonómicos destinados a víctimas de violencia de género y violencias sexuales.
La propuesta andaluza no pretende eliminar criterios ya existentes, sino sumar el dato de víctimas como una nueva variable a considerar. La Consejería insiste en que se trata de un indicador clave para garantizar una distribución más equitativa y ajustada a la realidad de cada comunidad.
Un pacto vivo y adaptado a nuevas formas de violencia
El departamento de Loles López ha reiterado su defensa del Pacto de Estado como una herramienta valiosa que debe mantenerse como un instrumento vivo. Según ha expresado la Junta, “no puede convertirse en un documento fijo, porque perdería validez y utilidad”.
En ese sentido, la Consejería ha destacado la renovación del pacto el pasado febrero, una actualización que incorpora medidas contra nuevas manifestaciones de la violencia machista, como la violencia vicaria, digital o económica.
Desde el inicio de la legislatura, Andalucía ha venido reclamando esta ampliación del enfoque, con el objetivo de que el pacto se mantenga alineado con la evolución del fenómeno y responda con eficacia a las necesidades reales de las víctimas.
La Consejería ha valorado positivamente la inclusión de estas nuevas formas de violencia en el marco estatal, al tiempo que insiste en la necesidad de seguir ajustando los criterios de reparto para que las comunidades más afectadas dispongan de los recursos adecuados.