Andalucía cuenta con dos enormes macrogranjas de porcino en Castilléjar y Puebla de Don Fadrique, en Granada, que emiten, entre las dos, cerca de 900 toneladas de metano y 350 de amoniaco. Ambas pertenecen al grupo El Pozo, y son capaces de criar más de un millón de cerdos cada año, siendo las dos macrogranjas más contaminantes de España.
El Partido Animalista Pacma reclama que el Gobierno andaluz haya permitido que la comunidad autónoma sea la huésped de estas instalaciones. La formación lamenta que tras el contundente informe del Ministerio de Consumo y las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, Andalucía vuelve a ser protagonista de un panorama desolador después de que, a principios de este año, la Junta iniciase los trámites para indultar los regadíos ilegales que han estado robando agua de los acuíferos agonizantes del Parque Nacional de Doñana.
Los grupos ecologistas y Pacma han criticado duramente el "nulo" interés o preocupación de la Administración andaluza por las cuestiones medioambientales de su comunidad autónoma. El partido propone que "quienes contribuyan a la contaminación a base de enriquecerse con la fabricación de productos animales paguen la parte proporcional de las emisiones generadas asociadas a dicha producción con el fin de compensar el daño climático", con el objetivo de paliar "desde ya" la dramática situación por la que pasa Andalucía a la que, aseguran, están convirtiendo en un "vertedero".
Pacma también apuesta por eliminar todas las subvenciones al sector ganadero, ya que "no se pueden financiar con dinero público aquellas actividades que repercuten negativamente a la ciudadanía, y la contaminación no solo afecta a la flora y la fauna, sino que nos condena como especie", asegura la vicepresidenta del partido y candidata a la Junta de Andalucía, Cristina García.
En su lugar, Pacma apuesta por la reconversión del sector: "La única forma de acabar con estas macrogranjas es atajar por la vía económica; que no les salga rentable la producción y que empiecen a encontrar nuevos nichos de mercado en producciones sostenibles de origen vegetal. Desde la perspectiva medioambiental no cederán, y si la Junta de Andalucía no toma cartas en el asunto, llegaremos al punto de no retorno a la de ya".
Pacma propone eliminar la publicidad al sector y sus productos. Los productos de origen animal (particularmente la carne de vaca y los lácteos) suponen el 9,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, a lo que hay que sumar la parte proporcional de las emisiones de la agricultura destinada a la producción de alimentos para los animales.
Estos porcentajes provienen únicamente de las 3.780 grandes granjas de porcino y aves obligadas a declarar, ya que las de bovino, hasta la fecha, no tienen que rendir cuentas sobre las emisiones en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. De hecho, los datos sobre las granjas de bovinos pasan preocupantemente desapercibidos.
"Hay que frenar urgente y contundentemente la proliferación de macrogranjas. Limitar las autorizaciones, evaluar su impacto medioambiental a conciencia y endurecer los requisitos para su apertura. Hay que pedir informes científicos específicos sobre su afección al medioambiente e informar a la población sobre hasta qué punto afectan al planeta y los animales", agrega García.
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