El caso del desahucio del matrimonio que ha trabajado en el convento de las Capuchinas de San Fernando desde 1975 y que ha vivido desde entonces en una casa en el propio edificio puede estar viviendo un final feliz para esta pareja. Hace unos meses se aprobó el cambio de uso de los suelos del antiguo convento, propiedad del Obispado de Cádiz, en los que se proyecta la construcción de viviendas y una residencia de ancianos. La promotora ha mostrado su predisposición a compensar al matrimonio para que no se vaya con las manos vacías después de tantos años viviendo allí.
Fuentes cercanas a Ildefonso y Carmen señalan a lavozdelsur.es que la empresa promotora no quiere dejar al matrimonio en la calle. Donde ha estado el convento durante muchos años se van a construir viviendas de protección oficial y de renta libre y llama la atención que es la empresa y no el Obispado quien está intentando que estas personas puedan salir de allí en las mejores condiciones posibles.
A mediados de febrero se conoció una sentencia que no es firme a favor del Obispado en el juicio por desahucio en la vivienda colindante, que descarta el uso de la vivienda por parte del portero y su familia como pago en especie por sus servicios. Además, determinaba que el matrimonio no tiene título para ocupar la casa.
Según el Obispado, tanto Ildefonso como Carmen, de 76 y 70 años respectivamente, han rechazado ofrecimientos para continuar en la vivienda. Desde el entorno del matrimonio se señala que en 2016 el Obispado les ofreció una vivienda en régimen de alquiler con la normativa específica en ese momento, que era como máximo tres años de alquiler y que por eso fue rechazada.
Cuando la empresa promotora ha propuesto recientemente la posibilidad de compensar de algún modo a la pareja, el Obispado se ha desmarcado de ello aduciendo que había logrado una sentencia favorable en el juicio y que pensaba ejecutarla.
La sentencia está recurrida y, por el momento, Ildefonso y Carmen siguen viviendo en la casa donde han estado en los últimos 50 años. En 2018 ya conoció el matrimonio que tenían que abandonar su casa por orden del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Las monjas ya se habían ido a El Puerto de Santa María unos meses antes y el Obispado mandó un abogado para decirles que se podían quedar allí durante tres años pagando 300 euros de alquiler, pero Carmen e Ildefonso no estaban de acuerdo con esa medida y optaron por pelear para defender lo suyo porque contaban con un documento en el que la madre superiora les garantizaba poder quedarse a vivir hasta el fin de sus días.
"Estamos muy dolidos porque si una persona es creyente todavía te llevas una decepción mayor. Se podían haber buscado fórmulas, pero ni siquiera se intentó. No ha habido sensibilidad para tratar esto. Las monjas se deben a la obediencia y se tuvieron que ir, aunque se llevaron la sorpresa y se quedaron tristes. Nosotros nos quedamos tristes y desamparados", relataba Ildefonso hace unos meses.
