La asociación Kintsugi está llevando la situación de Ildefonso Portillo y Carmen Guerreros, el matrimonio que puede ser desahuciado por el Obispado de Cádiz de la casa donde han vivido el último medio siglo. El juicio tendrá lugar el día 18 de abril y han mandado una documentación explicadon todo a la Nunciatura Apostólica, a la Congregación para la Vida Consagrada, al Papa Francisco y al actual arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, que fue quien estaba al frente de la Secretaria de dicha Congregación.
"Durante cincuenta años ha habido un matrimonio trabajando para el monasterio de monjas Clarisas Capuchinas. El marido tenía regularizada su situación laboral, pero no así la mujer. Ella cobraba en especie por su trabajo, sin percibir ninguna remuneración económica por el mismo y sin cotizar por ella a la Seguridad Social, lo que en la actualidad le habría ayudado a solicitar su correspondiente jubilación", dice el escrito.
"Cabe pensar el desconocimiento por parte de las religiosas de las legislación española, pero no entendemos cómo los distintos visitadores de la diócesis que les atendía en todo momento no hicieron nunca indicación alguna a lo largo de esos años sobre la situación de la mujer".
"Todo ello nos hace preguntarnos si es justo y moralmente válido el mirar hacia otro lado ante esto. El convenio urbanístico que se ha suscrito va a generar pingües ingresos en las arcas diocesanas e incluso va a beneficiar a las monjas capuchinas que fueron trasladadas a otros conventos, según lo indicado por dicha congregación y va a dejar en situación de desamparo a esta familia, que queda sin vivienda y con la pensión del marido, con la que tendrán que seguir adelante no sin dificultad", denuncia.
"Por nuestra parte queremos indicar que estamos a la espera de que la tesorería de la Seguridad Social comunique la imposibilidad de la pensión para doña Carmen Guerrero. Eso nos va a posibilitar el poder presentar la correspondiente demanda a la Seguridad Social por no haber realizado los pagos correspondientes por parte de las monjas capuchinas a lo largo de la relación laboral de la misma con el monasterio, lo que hubiera garantizado hoy al menos un mínimo de pensión de jubilación", añade.
"Nuestro deseo es que todos hubiera podido arreglar de buenas maneras, pero la actitud de no diálogo e imposición por parte del Obispado de Cádiz y Ceuta no ha posibilitado más que el camino del enfrentamiento también a nivel judicial, en el que llevamos inmersos más de siete años y que parece que aún quedan algunos más para poder concluir".
"Una familia que podría estar disfrutando de su merecida jubilación después de cincuenta años de servicio a la comunidad de monjas contemplativas, tiene que luchar ahora contra un Obispado inmisericorde carente de toda caridad cristiana. Si esta actitud no cambia y se posibilita un diálogo fructífero tendremos que seguir luchando con todos los medios a nuestro alcance publicando los diversos documentos que obran en nuestro poder, que no dejarán una buena imagen de todo lo ocurrido", finaliza.