La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo Sareb o directamente como banco malo —por haber absorbido desde 2012 los activos tóxicos tras el crash inmobiliario de 2008—, cuenta con 3.309 viviendas en Andalucía, de las que el 42% están vacías (1.403 inmuebles en total).
Estas viviendas podrían aflorar al mercado y satisfacer parte de la altísima demanda que existe en la actualidad, si bien hay algunas de estas fincas con complejos problemas legales que dificultan una compraventa. De hecho, el stock real refleja, según se publicó, que apenas unas 9.000 viviendas en toda España estarían en condiciones inmediatas de habilitabilidad.
Es el caso, por ejemplo, de viviendas de la Sareb en venta en barriadas degradadas como San Juan de Dios, en Andalucía, donde algunos de los portales inmobiliarios asociados al banco malo ofertan pisos por apenas 17.000 euros.
Los datos de la comunidad están en la media nacional, donde el banco malo dispone de un parque de 33.523 inmuebles de los que un 43%, 14.359, permanecen ociosos, según la información facilitada por la propia Sareb a El País.
El último dato que ofreció en marzo de este año la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, es que en la comunidad andaluza hay 76.043 solicitantes (un 11% más en el último lustro) de vivienda pública. Según los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, integrados en la aplicación informática residenciada en la Consejería (80% de los municipios andaluces), el 50% de las nuevas inscripciones en los últimos cinco años corresponde a jóvenes menores de 35 años.
La vivienda en Andalucía, a debate este jueves en el Parlamento
En materia de vivienda en Andalucía, el Grupo Socialista ha reclamado a la Junta de Andalucía "paralizar la tramitación" del anteproyecto de Ley de la Vivienda de Andalucía por cuanto reclama "iniciar un proceso de debate y negociación" con agentes sociales y económicos y grupos políticos para ahondar en "medidas mucho más ambiciosas" que supongan concebir la vivienda como "un derecho de ciudadanía" y de esa forma que "hagan frente a las amenazas de la especulación".
Este planteamiento forma parte del contenido de una moción que se debatirá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Otro punto de la iniciativa socialista es reclamar que la calificación de las viviendas protegidas en Andalucía sea "con carácter definitivo" al considerarla una medida de ampliación del parque público protegido de vivienda y para evitar la tensión en los precios del mercado.
Busca del Gobierno andaluz que "apruebe los criterios y procedimientos para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado" donde aprecie "un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda" para la población, de acuerdo con la previsión de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda.
Quiere una norma que incorpore a la legislación autonómica "el derecho subjetivo de acceso a una vivienda", que supondría para los andaluces sin "una vivienda digna y adecuada" que se le adjudique una vivienda protegida pública en alquiler o un alojamiento dotacional o, subsidiariamente, el pago de una prestación económica.
Reclama a la Junta el aprovechamiento de los recursos financieros disponibles por cuanto señala que en vivienda "se hayan quedado sin gastar más de 730 millones de euros", así como demanda "una senda presupuestaria" para que la Junta de Andalucía llegue a "un esfuerzo presupuestario del 0,4% del PIB de fondos propios en materia de vivienda", nivel de gasto que debería alcanzar en 2025.
En ese caso supondría pasar de los 208 millones de euros de fondos propios" previstos en el Presupuesto de 2025 a 408, "lo que junto a la aportación del Gobierno de España y los Fondos Europeos, alcanzaría un montante global de 616 millones de euros". Apuesta el PSOE-A por que la Junta de Andalucía cree "un ente público de gestión y atracción de líneas de financiación para la ampliación y construcción del parque público de vivienda protegida" y un fondo financiero autonómico.
Pide la iniciativa socialista "recuperar el papel de liderazgo" de la Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como promotora pública de vivienda nueva y de rehabilitación al apreciar que "ha venido perdiendo en los últimos años". En ese sentido quiere "revertir el declive del parque público de vivienda", de la propia Junta de Andalucía, sobre todo, reclama Viviendas de Alquiler Social de carácter y calificación permanente (PPVAS) destinadas al alquiler. Demanda el PSOE a Junta y ayuntamientos la construcción y adquisición de vivienda para pasar "del actual 1,6% del parque público de alquiler hasta alcanzar en el entorno de 2040 un 9,3%, en sintonía con la media de los países de UE".
Para ese propósito la iniciativa socialista reclama una reserva del 30% de edificabilidad en actuaciones de nueva urbanización para vivienda protegida. Del mismo modo, apuesta por recuperar las Oficinas de Rehabilitación Concertada de Vivienda, para, entre otros objetivos, "recuperar viviendas desocupadas y eliminación de barreras arquitectónicas".
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