Cuando un centro educativo público cierra sus puertas para siempre y sin relevo saltan todas las alarmas. Algo está fallando en la sociedad. En Cádiz, la tragedia de la educación pública suma seis clausuras en poco más de veinte años. El próximo curso escolar, si no se remedia a tiempo, caerá la séptima víctima de esta larga lista. El pasado viernes, a punto de reanudarse el periodo de escolarización de forma presencial tras el confinamiento, Diputación de Cádiz comunicaba a la AMPA del colegio público La Institución que desde el próximo curso deja de hacerse cargo de estas instalaciones.
El argumento que esgrime la institución provincial es que la Fundación Aramburu Moreno de Mora, perteneciente al Obispado de Cádiz y titular de los suelos, ha comunicado su intención de revocar el convenio que tenían firmado desde 1963. Las más de 60 familias del único colegio público en la zona de la barriada de España de Cádiz no esperaban este final, precipitado en plena pandemia y sobre el que ni siquiera se ha informado al Ayuntamiento gaditano. A través de la concejala de Educación, Ana Fernández, ha mostrado el apoyo a la comunidad educativa e incluso ha anunciado que estudia emprender acciones legales ante el anuncio realizado de clausurar el centro.
La realidad es que el cierre, salvo al Ayuntamiento y a la comunidad de La Institución, "interesa a todas las partes", asegura a lavozdelsur.es Ignacio Casado, de CGT. "Estamos ante la crónica de una muerte anunciada. Diputación ya había ido dejando poco a poco la gestión, la Junta no termina de hacerse cargo, y con la situación de Cádiz, con muy pocos niños y una enseñanza privada enorme, al final lo que va a suponer es que sigan vaciándose colegios públicos en beneficio de la concertada. En definitiva, beneficia a todos menos a la escuela pública", ha lamentado el representante sindical.
Por su parte, Fernández ha reprobado que, pese a que hace meses que la Diputación Provincial recibió la notificación de la Fundación, “no se nos haya comunicado ni nos hayan atendido pese a las reiteradas peticiones de reunión por parte de este Ayuntamiento al responsable de Educación en la Diputación, Daniel Moreno”. La concejal gaditana ha exigido, tanto a la Junta de Andalucía como a la Diputación, que cumplan con los compromisos adquiridos y construyan el nuevo centro que la comunidad escolar lleva esperando desde 2017, tal y como avanzó el entonces delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía Juan Belizón.
Otra vista del centro educativo.
Asimismo, ha subrayado que “de materializarse el cierre de La Institución no habrá ni un solo colegio público desde el Campo del Sur hasta el Carola Ribed, lo que limita las opciones y perjudica la decisión de los padres y madres residentes en esta zona de optar por la escuela pública, algo que es inaceptable”. Fernández ha asegurado que “la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial han realizando una dejación de funciones aprovechando el limbo legal sobre las competencias de uno y otros sobre este centro” y como ejemplo se ha referido “a la falta de inversiones en mantenimiento o el cierre progresivo de líneas”.
Hay unas 60 familias afectadas en el que sería el séptimo centro educativo público clausurado en poco más de 20 años
Hasta el momento, ni Diputación de Cádiz, ni Junta de Andalucía han dicho esta boca es mía acerca del anuncio de cierre que se sumaría a una larga lista en la ciudad de Cádiz en poco más de veinte años. "La historia de cierres de públicos en la ciudad ya es una lista muy larga: se unen dos cosas, el precio de la vivienda que expulsa a familias jóvenes de la ciudad, con lo que hay muy pocos niños; y luego, el tema de la presencia histórica de la concertada que parece que vive una segunda edad dorada", ha asegurado Casado. En la capital gaditana, los alumnos matriculados en la educación privada-concertada, en todas las etapas de enseñanza, llegan al 60%, frente al 40% que está matriculado en la pública.
"Lo inmediato es que la Diputación garantizase que el curso que viene el colegio siguiera abierto, y esa fundación con fines sociales tendrá que explicar por qué quiere echar de repente al colegio —el convenio expira el próximo 20 de octubre de 2020–; y por supuesto, que la Junta cumpla con sus promesas", ha resumido, añadiendo que este centro "es más necesario que nunca dada la necesidad de la reducción de la ratio para garantizar la seguridad en el inicio del próximo curso". "Llama la atención que sea una Diputación gobernada por el PSOE, que dice defender la escuela pública, la que vaya a ser responsable de un nuevo cierre de un colegio público en la ciudad de Cádiz", ha ultimado.
En 1997, cerró sus puertas el colegio José León de Carranza, en el barrio de Puntales. Le siguió el colegio Eduardo Benot, en el barrio de la Paz. En 2003, cerró sus puertas el colegio Jaime Balmes en la calle Arbolí. En el año 2004, cerró el colegio Carmen Jiménez, en San Severiano. En 2006 fue el turno del colegio Manuel de Falla del barrio de La Laguna. El último colegio que completa esta lamentable lista es el IES la Paz, que se cerró en 2008 en el barrio que le da nombre. Ante esta situación, desde el Sindicato de Enseñanza de CGT "llamamos a toda la comunidad educativa de la escuela pública de la ciudad de Cádiz a luchar contra el cierre del Colegio público la Institución de Cádiz y a exigir a las instituciones públicas cumplir con su obligación de defender la escuela pública de la que son responsables. En este caso a la Consejería y Delegación de Educación y a la Diputación Provincial de Cádiz, propietaria del colegio con una historia en la ciudad que no merece un final tan indigno".
Comentarios