La asociación Kintsugi ha presentado una denuncia ante el Obispado de Cádiz y Ceuta, la Nunciatura Apostólica de España, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del pueblo, contra el sacerdote Antonio Diufaín y contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza.
Los denunciantes acusan a Diufaín y a Zornoza de ser presuntos autores de al menos cuatro delitos, tres de naturaleza canónica y otro recogido en el Código Penal español: un delito contra la fe y la unidad de la Iglesia; un delito de incitación al odio; un delito de abuso de potestad y un delito de odio tipificado.
La denuncia recoge la cronología de la campaña promovida por Antonio Diufaín contra el Dicasterio de la Doctrina de la Fe y el Papa Francisco, en la que acusó públicamente al Dicasterio y al Papa de crear escándalo, y organizó una recogida de firmas que fue secundada por varios sacerdotes, quienes luego se retiraron de la primera línea por la llamada de atención de sus respectivos obispos.
Kintsugi señala que "una vez apartados los sacerdotes como promotores de la campaña difamatoria, les sustituyeron algunos seglares, entre los que se encuentra el director de un colegio católico de la Fundación Educatio Servanda de Cádiz y Ceuta, que recibe subvenciones públicas de la Junta de Andalucía, quien se ha responsabilizado ahora de abanderar la campaña. Este último está bajo el patronazgo de una fundación que tiene entre sus patronos al Obispo Zornoza y a su ecónoma, Dña. Carmen Lobato".
El obispo Zornoza es denunciado por omisión grave de su deber de perseguir delitos. Los medios de comunicación locales y nacionales se hicieron eco de la conducta de Antonio Diufaín sin que en ningún momento, hasta la fecha, el Obispo Zornoza Boy adoptara medidas disciplinares contra él ni contra los otros promotores de la iniciativa.
"Nadie entiende cómo el Obispo, Zornoza Boy, no ha dirigido unas palabras a sus fieles diocesanos rechazando esta campaña orquestado e invitando a los sacerdotes y seglares de su Diócesis, que aún siguen en la misma como promotores, a mantenerse al
margen de la misma. La única explicación que se encuentra es que dicho sacerdote ha sido su ex ecónomo, y mano derecha, a quien incomprensiblemente protege con un silencio cómplice", añade la asociación.
Kintsugi explica que "la postura xenófoba de los denunciados hacia el colectivo homosexual es una bomba en la fina línea de flotación que es el reconocimiento actual del ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica en España, que está en proceso de revisión por el actual gobierno socialista. Y son un balón de oxígeno para quienes sostienen que las normas de la Iglesia Católica son contrarias al Derecho".
En la denuncia piden a la Diócesis de Cádiz y Ceuta "que se adopten las medidas necesarias para acordar la inmediata suspensión cautelar del denunciado Sr. Antonio Diufaín Mora", que ponga "en conocimiento de la Fiscalía los hechos denunciados y los autores, por ser constitutivos de un delito de odio tipificado en el art. 510 del Código Penal español"; que traslade al Dicasterio de la Doctrina de la Fe copia de la denuncia por si fuera competente "para el enjuiciamiento de los hechos a tenor del art. 52 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus".
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