La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familias, ha presentado un proyecto de Decreto por el que se garantiza la oferta alimentaria saludable y sostenible en centros docentes, sanitarios, sociales, sociosanitarios y dependencias del sector público radicado en la comunidad autónoma. El decreto pretende combatir la obesidad infantil regulando una alimentación "saludable" en los colegios. "Los comedores escolares deben ser lugares confortables y adecuados para llevar a cabo una alimentación saludable", indica la normativa en elaboración, que además contempla que "se fomentará que los centros docentes que oferten el servicio de comedor escolar cuenten con cocina en el propio centro", y "en el caso de centros que ya han sido construidos sin ellas, se debe fomentar su construcción o la adaptación de un espacio para esta finalidad".
En cambio, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa), por boca de su presidenta Leticia Vázquez, ha presentado alegaciones para oponerse a lo que en el decreto se denomina sistema de línea fría, “por el que los alimentos se preparan en una cocina central, posteriormente se colocan en barquetas plásticas que se enfrían rápidamente y, después de un tiempo de refrigerado, se vuelven a recalentar en hornos”. “No entendemos —han agregado en una nota de prensa— la apuesta por la línea fría, que se basa en el uso masivo de plástico con las consecuencias medioambientales y riesgos para la salud que conlleva”.
Codapa alega, igualmente, que la línea fría “tiene un impacto directo en las economías locales al favorecer la producción masiva lejos del lugar donde se consume”. Con este sistema, la distribución se realiza una o dos veces por semana, lo que disminuye los costes del transporte, pero incrementa los gastos de almacenaje y refrigeración. “Apostamos por gestionar el servicio público de comedor escolar bajo criterios de sostenibilidad medioambiental y potenciación del empleo y sector primario de cercanía”, asegura la Confederación.
La participación de las personas usuarias y sus familias en el seguimiento y control del servicio de comedor es otra de las medidas que la organización ha pedido incluir en el nuevo decreto. “Los proveedores del servicio de comedor escolar deben efectuar encuestas de satisfacción periódica a las familias, que permitan recoger oportunidades de mejora en diferentes aspectos de alimentación saludable y sostenible y que conlleven a la realización de acciones correctoras”, aseguran.
Alumnado con menú especial
La Confederación, del mismo modo, apuesta por mejorar la atención al alumnado que presente alergias o intolerancias alimentarias, así como aquel que solicite menús especiales (vegetariano, halal y kosher). “El proporcionar menús especiales según intolerancias del alumnado debe ser obligado, no opcional, tal como aparece en este decreto”, reclaman. Además, denuncian que los recursos y el personal que recoge el presente borrador “son insuficientes” para garantizar una atención integral al alumnado afectado por alergia alimentaria, intolerancia, celiaquía y otras afecciones similares. “Consideramos que, para garantizar una atención integral y la protección a la salud, el presente decreto ha de articular una formación específica y obligada para el personal del comedor escolar”.
Otra de las alegaciones presentadas por la Codapa se refiere al consumo por parte de los y las menores de alimentos poco saludable, ya que la Confederación pide incluir que “se prohíba expresamente la publicidad y la venta de bebidas azucaradas o con edulcorantes, refrescos, bebidas energéticas, zumos industriales o que contengan alcohol”, así como que se prohíban expresamente “las actividades de promoción de la salud en los centros públicos promovidas por entidades o empresas con financiación de la industria alimentaria”. “Buscamos, en definitiva, un comedor escolar que ofrezca alimentos de calidad, de temporada y de procedencia local; que fomente el cocinado diario y evite el embalaje y el transporte de la comida; y que prohíba el uso de recipientes de plástico con componentes que puedan actuar como disruptores endocrinos”, resumen desde la confederación andaluza.
Alegaciones de la Fundación Savia
La Fundación Savia también ha registrado alegaciones a la puesta en marcha de esta regulación autonómica, entendiendo que “los centros públicos son los lugares idóneos para apostar por una alimentación saludable y la puesta en valor del sistema agroalimentario andaluz, con lo que se podría conseguir potenciar el consumo interno de productos saludables y sostenibles con criterios que podrían venir aparejados de riqueza y empleo para el territorio, además de fijar población en las zonas rurales, objetivo que, considera, debe ser prioritario para el Gobierno andaluz”.
Entre las propuestas e ideas que quieren que se vean materializadas la organización pide que este Decreto esté alineado con la Ley de Desperdicio Alimentario que se está elaborando en el Gobierno estatal, “así como mejorar la eficiencia de la cadena de valor agroalimentaria, fomentar la relación directa entre productores y consumidores, favorecer la compra pública responsable”.
Además, han solicitado la modificación de la definición de “desperdicio alimentario”; la oferta de recipientes reutilizables para el agua en todos los centros que aborda el decreto; la inclusión de criterios sancionadores en la materia; la posibilidad de adquisición de productos que no cumplan patrones de vistosidad, peso o calibre para reducir el desperdicio alimentario; primacía en la adquisición de productos a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias y ganaderías con criterios de sostenibilidad, así como los canales cortos de distribución; fijar una cuota significativa de menús ecológicos; campañas de promoción de fomento del consumo de productos de cercanía, temporada y ecológicos; consonancia del Decreto con la campaña de consumo de frutas en centros escolares; y dotación presupuestaria suficiente que garantice la puesta en marcha y su posterior desarrollo.
Además, piden que se tengan en cuenta los objetivos del Pacto de Milán, “que insta a fomentar el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles que garanticen alimentos saludables y accesibles a toda la población, protegiendo la biodiversidad y reduciendo el desperdicio de alimentos, con criterios de equidad y justicia social”, con la coordinación de las diferentes administraciones para crear una política alimentaria que englobe toda la cadena de valor alimentaria.
La Fundación Savia cree conveniente enfocar las políticas públicas a revertir la situación de nuestro medio rural, favoreciendo la generación de empleo y riqueza, actuando de manera transversal en las políticas de lucha contra la despoblación para lograr un territorio vivo y resiliente que ayude a la mitigación del cambio climático. Para finalizar, hacen hincapié en que “abordar la mejora de uno de los sectores más estratégicos para las condiciones de vida, el agroalimentario, que nos permita sentirnos orgullosos del legado que dejaremos a las próximas generaciones”, es una cuestión fundamental y un eje que debe ser prioritario para alimentar a la población andaluza del presente y del futuro.
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