A Juan Antonio Brenes poca gente lo conoce por su nombre. Todos lo llaman El Pipa. Así se denomina también su empresa, que lleva desde 2013 llevando agua a vecinos de pedanías como El Palmar (Vejer) y Los Caños (Barbate), que carecen de suministro. “Me compré un tractor viejo y una cuba y a base de echar catorce horas todos los días ya tengo tres camiones”, explica cuando habla con lavozdelsur.es. “Ahora parece que soy el mayor terrorista ecológico a este lado del Colorado… y a aquel lado también”, expresa con sorna, mostrando las multas recibidas en los últimos años.
“Soy un criminal medioambiental”, insiste, irónicamente, porque asegura que cuenta con autorización para extraer agua y prestar este servicio a vecinos y negocios de la costa de Vejer y Barbate. “Quieren que cese la actividad, con la clara intención de hundirme, porque parece que algún tercero tiene interés en quitarme de en medio”, señala El Pipa, quien asegura que está recurriendo las sanciones. “Esto no me quita las ganas de seguir, me da más, y eso parece que fastidia a algunos”.
Juan Antonio Brenes, El Pipa, lleva desde 2013 cargando cubas de agua para llevarla hasta hogares y establecimientos de El Palmar y Los Caños, sobre todo, que así lo requieren. Cuando en 2007 se quedó en paro, tras trabajar durante mucho tiempo haciendo pozos perforados, empezó a darle forma a su nueva forma de vida. “Le pedí al alcalde de Conil una toma para llenar… era eso o me iba a las colas de Cáritas”, expresa. Desde entonces tiene permiso para extraer agua de pozos situados en el término municipal conileño. Hasta hace unos días, cuando le precintaron uno, que espera recuperar en breve. “Me dicen que no tengo documentación de los pozos, pero sí la tengo”, se defiende.
La actividad de El Pipa ha sido sancionada en varias ocasiones durante los dos últimos años, cuando ha recibido expedientes sancionadores que superan en total los 80.000 euros. “Todo por llevarle agua a la gente para que se pueda lavar el culo”, se queja, porque asegura que la mayoría de sus clientes la utilizan “para uso domestico, no para consumo humano”. “Si no les llevo agua, mucha gente no tiene”, asegura. Y pone un ejemplo: “En los Caños hay un lugar estrecho donde viven un hombre mayor con una enfermedad grave y una mujer en silla de ruedas… un día tuvieron que lavar a la mujer mayor con garrafas porque no pude entrar a repartir agua. Si me retrasan se perjudica a gente que no se puede lavar y no puede hacer su vida”.
'El Pipa', descargando agua. FOTO: JUAN CARLOS TORO
“Estamos peor que en Mauritania”, dice. Desde que en 2013 solicitó autorización para extraer agua de fosas sépticas y llevarla hasta hogares o negocios de La Janda, nunca se ha sentido tan “perseguido" como ahora. Un laboratorio se encarga, cada cierto tiempo, de analizar el agua que vende. "Mira, ¿ves que pone que es apta", dice. “Cuando empecé no hubo pegas”, cuenta, pero luego empezaron los problemas. “La cuestión es que si me dejan transportar agua de forma legal, a todos los chiringuitos que les cobran la prelicencia, y después se la quitan por no tener agua potable, se las tendrían que dar”. El Pipa sostiene que “el Ayuntamiento de Vejer te cobra por algo que sabe que no te puede dar después”.
Brenes recuerda que “se han perdido inversiones procedentes de la Comunidad Europea que debían servir para dar agua potable a El Palmar”, un asunto al que también hizo referencia Manolo Martín, portavoz de la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares de El Palmar (Pavip), durante la manifestación celebrada poco antes del confinamiento. "Los depósitos están obsoletos, sin uso. Sólo llega una tubería. El resto debemos nutrirnos cada uno como podemos, con depósitos, cubas o pozos, al igual que ocurre con la fosa séptica”, se quejaba Martín durante la marcha.
Brenes, lavándose las manos con el agua que transporta. FOTO: JUAN CARLOS TORO
En El Palmar solo el colegio, el centro de salud y la asociación de vecinos tienen agua potable, pero sus vecinos —hay poco más de 700 censados pero se tiene constancia de que residen más de 3.000 personas— y la mayoría de negocios carecen de este servicio. El concejal de Urbanismo de Vejer, Alejandro Manzorro, visitó el pasado mes de junio los nuevos puntos de acometidas de agua potable que tendrá El Palmar, tras las solicitudes realizadas por distintos establecimientos y una vivienda de la zona, que deberán presentar un proyecto de obra y solicitar la correspondiente autorización al departamento de Costas de la Junta de Andalucía, y la concesión en los casos en los que la acometida tenga que pasar por suelo del Dominio Público Marítimo Terrestre.
“Alcalde bonito, abre los grifitos”, gritaron los manifestantes de la marcha, que congregó a un millar de residentes y empresarios, convocados por la asociación de vecinos Santo Domingo y por la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares de El Palmar (Pavip), bajo el lema Agua para todos en El Palmar. El alcalde de Vejer, Manuel Flor (PP), también apoyó la marcha, en defensa del Decreto Ley puesto en marcha por la Junta de Andalucía en septiembre de 2019 que busca regularizar la mayoría de estas propiedades asentadas en la pedanía, pero en el que poco o nada se ha avanzado.
“Queremos ordenar El Palmar, nacimos con ese interés”, expresa Manolo Martín, portavoz y vicepresidente de Pavip, que apenas tiene un año de vida. “Hemos planteado dos planes especiales”, señalan desde la plataforma, que calcula que existen más de 2.500 edificaciones ilegales en El Palmar. “Hemos propuesto al Ayuntamiento la realización de dos planes especiales para ordenar el territorio”, insiste el portavoz en declaraciones a lavozdelsur.es, “queremos dotar a El Palmar de infraestructuras de las que carece, como agua, alcantarillado y alumbrado, pero no nos han hecho ni caso”.
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