La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, han firmado un convenio que va a reforzar la colaboración entre ambas instituciones, en esta ocasión, para favorecer la inserción laboral de 189 mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual, prioritariamente desempleadas e inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Con una inversión cercana a los 4 millones de euros (3,7) procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, el convenio servirá para la puesta en marcha de un programa de formación e inserción laboral con compromiso de contratación de, al menos, la mitad de las participantes.
Rocío Blanco ha subrayado que las mujeres que formen parte de este programa podrán adquirir las habilidades y herramientas necesarias para superar las secuelas de los malos tratos y, así, alcanzar las competencias profesionales requeridas para acceder a un empleo que les brinde independencia económica, “requisito fundamental para emprender un nuevo proyecto de vida”.
Por su parte, la presidenta de Cruz Roja Andalucía ha destacado “el enorme impacto transformador de este proyecto” para las mujeres que participen en él, “pues además de la importante inserción laboral que se alcance, el empleo es sin duda una vía de empoderamiento personal”.
Los objetivos específicos del programa contemplan que, al menos, 189 mujeres realicen el itinerario de inserción social y laboral, pudiendo incrementarse hasta un máximo de 227; así como que mínimo 151 de las participantes completen el itinerario de inserción social y laboral, pudiendo incrementarse hasta un máximo de 189 mujeres.
En cuanto a la contratación, al menos, 95 de las mujeres tienen que obtener un contrato de trabajo con una duración mínima de 6 meses y suscrito dentro de los 6 meses inmediatamente posteriores a la finalización del itinerario de inserción social y laboral, pudiendo incrementarse hasta un máximo de 189 mujeres insertadas.
Con un plazo de ejecución hasta noviembre del 2025, el programa incluye itinerarios personalizados de integración social y laboral mediante los cuales las participantes desarrollarán actuaciones personalizadas de inclusión social y, asimismo, cursarán una formación dirigida a su capacitación profesional.