72 horas después de declarar ante el juez, el hermetismo que rodea a la Operación Ergástulo sigue siendo casi absoluto. Sin embargo, según ha podido saber lavozdelsur.es, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de El Puerto, que ha dirigido una investigación que se remonta a finales de 2022, ha puesto finalmente en libertad con cargos al exdirector del centro penitenciario Puerto III, el actual administrador, un abogado y otras dos personas acusadas de participar en la presunta trama corrupta.
Un entramado que se basaba supuestamente en compras de beneficios penitenciarios, fundamentalmente entre narcotraficantes —reclusos con alto poder adquisitivo—, que iban desde los 9.000 euros por permisos hasta 15.000 euros por un tercer grado.
Como confirman las mismas fuentes, después de unas cuatro horas de declaración ante el juez el pasado viernes, un par de días después de que fuesen detenidos por la Guardia Civil y de que incluso se llevaran a cabo "registros en los domicilios particulares de los presuntos cabecillas de la trama, el ex director y el administrador", los acusados de supuestos delitos de uso de secreto o información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, estafa y extorsión quedaron en libertad a la espera de juicio por estos hechos.
Fuentes oficiales consultadas no han querido desvelar más detalles de la investigación, aunque hay quien sostiene desde altas instancias la teoría de que "la sensación es de que van a ir saliendo más cosas".
Los sindicatos han mantenido silencio absoluto en torno a un caso muy delicado y que, lógicamente, ha conmocionado el interior de Puerto III, "que al fin y al cabo es como un pequeño pueblo". "Todo se llenó de guardias civiles; vieron salir esposado al administrador, ha sido muy fuerte y el revuelo es total", confirman fuentes del centro a este periódico.
Lo que también ha quedado claro en toda la investigación ha sido la plena colaboración de la actual directora del centro penitenciario enclavado en la carretera de Rota, Esther Serrano, que relevó en el cargo a primeros de 2021 al exdirector que fue detenido esta semana junto al administrador de las instalaciones.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 5 de El Puerto, se inició a finales de año 2022, a raíz de una denuncia presentada por la pareja sentimental de uno de los internos del Centro Penitenciario, que manifestaba que su esposo había pedido un permiso penitenciario y que se encontraba pendiente de valoración, y que, aprovechando dicha circunstancia, otro preso le declaró que él podía ayudarle a través del personal que trabajaba para el centro penitenciario a cambio de una compensación económica.