“Este trabajo agota y cansa mucho”, dice una trabajadora de Emergencias 112 Andalucía. El servicio, dependiente de la Junta de Andalucía aunque de gestión privada, lleva años deteriorándose, como informan fuentes de la plantilla consultadas por lavozdelsur.es. Ferrovial Servicios SA, actual concesionaria, incumple sistemáticamente el pliego de condiciones por el que salió a concurso el servicio a través de un macrocontrato de 27 millones de euros.
La empresa “no cumple con la equiparación de salarios y las condiciones laborales” pactada hace años, critican desde la plantilla. “Elías Bendodo —consejero de la Presidencia— anunció a bombo y platillo que habían bajado la jornada máxima anual de horas, pero en la práctica no es así”, agregan estas fuentes. Bendodo aseguró el pasado mes de noviembre que Emergencias 112 “funciona ahora mejor que antes”, y que al final de la legislatura “funcionará mejor porque seguiremos introduciendo mejoras”.
Los trabajadores del 112 fueron a la huelga durante la pasada Navidad. El PSOE y Adelante Andalucía pidieron explicaciones al Gobierno andaluz por los “incumplimientos” de Ferrovial. El consejero de la Presidencia agregó que la Junta “va a exigir siempre el cumplimiento de los pliegos en todos los contratos que se firmen”, y que "no va a engañar a los trabajadores como se hacía antes aquí por sistema”.
Durante el Gobierno andaluz de PSOE e IU (2012-2015), “el importe del contrato del 112 se redujo en todas sus licitaciones desde 2010”, alegó Bendodo en su exposición en el Parlamento. “Este Gobierno ha paliado la situación con un incremento del presupuesto del 19% y la hora de servicio hasta un 15%”, añadió. El PSOE aseguró que “el incremento del coste del servicio que pagamos con nuestros impuestos no ha beneficiado a las condiciones de la plantilla”. Adelante pidió a la Junta el “rescate del servicio para la pública y subrogar al personal”, una gestión que es “más barata”.
El sindicato CCOO, a finales de 2020, convocó movilizaciones para pedir a la Junta de Andalucía que garantice los derechos de la plantilla. “A Ferrovial lo único que le importa es cuadrar las cuentas de este año para obtener el beneficio previsto”, señalaba. “La plantilla del servicio 112 Andalucía ha gestionado esta Nochebuena un 3,23% más de emergencias que en 2019, siendo la provincia de Sevilla la que tuvo un mayor número de incidencias, tanto de emergencias sanitarias, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil y este aumento de la carga de trabajo lo ha soportado una plantilla ya exhausta tras el aumento de horas impuesto por Ferrovial desde el pasado 1 de octubre”, contaba.
Emergencias 112 Andalucía tiene diez centros en la comunidad, uno por cada provincia y dos regionales, ubicados en Sevilla y Málaga, que han pedido la oferta presentada por la empresa para el actual concurso, “pero ni Ferrovial ni la Junta la han facilitado, impidiendo de esta manera que se puedan defender los derechos y condiciones laborales de la plantilla ante los abusos y atropellos que la empresa lleva a cabo”, se quejaba CCOO.
“Necesitamos más que nunca que el 112 sea un servicio público de calidad para la ciudadanía, en el que se cuide a una plantilla que trabaja con entrega y profesionalidad, con condiciones laborales dignas que acaben con la precariedad de estar enmarcados en el convenio de telemarketing, y que se le ponga fin a más de 20 años de subcontratación”, reclama la plantilla a través del sindicato.
Los empleados del 112 realizan 1.596 horas de trabajo anuales, cuando les prometieron 1.516 horas con el nuevo contrato. “Estamos asfixiados”, expresan empleados consultados por este periódico. “En Andalucía éramos unos 500 empleados y ya quedamos poco más de 400, no contratan a nadie nuevo, y asumimos esa carga de trabajo”. “Queremos una bajada de horas, estamos quemados”, agregan. “Ferrovial no ha cumplido con la equiparación salarial que venía en los pliegos. Los trabajadores de cada centro cobran de manera distinta”.
Estos “incumplimientos” están denunciados judicialmente por una plantilla a la que sólo le queda “hacer ruido en redes sociales”, porque durante las huelgas se establecen servicios mínimos muy altos, “al ser un servicio esencial”. “En la práctica casi nadie puede ejercer el derecho a huelga”, dice una empleada. La empresa acumuló hasta ocho denuncias ante Inspección de Trabajo durante el año pasado.
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