Parte del personal del servicio esencial de Emergencias 112 de Andalucía se ha concentrado esta mañana a las puertas de la Casa Rosa de Sevilla, sede de la Secretaría de Interior de la Consejería de Presidencia, para reclamar la internalización del Servicio de Emergencias 112 y exigir una mejora de las condiciones laborales de la plantilla.
La presidenta del Comité de Sevilla de los centros 112 de Sevilla, regional y provincial, Matilde Cruz Fernández, denuncia a este periódico que, después de un verano bastante duro asolado por muchísimos incendios, están "cansados y hartos", ya que "hemos vivido y trabajado en condiciones de telemarketing, con una cantidad de turnos y horas exageradas y sin un refuerzo permanente".
Cruz reconoce que desde el inicio de la pandemia, "la Junta de Andalucía se sentó con nosotros y nos escuchaba, pero ahora ha roto las relaciones y no nos recibe ni hace nada". Por eso piden que "si no nos internalizan como en La Rioja, que el Gobierno ya ha anunciado que van a ser asumidos, por lo menos que se sienten con nosotros a mejorar las condiciones para el próximo concurso".
Coral, coordinadora del centro de Sevilla, asegura que las condiciones han ido empeorando exponencialmente, "sobre todo desde que la empresa hizo un artículo 41, nos metió más turnos de los que hacíamos y ahora estamos con jornadas que superan las horas que vienen en el Aplica". Esta trabajadora insiste en que el Aplica no se cumple: "El compromiso de la Junta para que la empresa cumpliese unas condiciones dignas la están incumpliendo por ambas partes y se echan la culpa los unos a los otros otros, mientras los trabajadores estamos con unas condiciones cada vez peores, después de 20 años". Asímismo, lamenta que "no consideren hacernos empleados públicos, cuando estamos trabajando con los medios de la Junta y en un sector de emergencia con datos sensibles de la población y las cosas van de mal en peor".
Paco Martos es gestor de emergencias y después de 20 años subcontratado en este serevicio esencial denuncia las condiciones laborales "pésimas" en las que trabaja con la responsabilidad que un servicio de emergencia conlleva. "La Junta de Andalucía con este gobierno se niega a negociar con nosotros y nos mantiene dentro con unas condiciones de servicio de telemarketing", revela Martos, que pide unas mejores condiciones laborales: "Menos horas, menos turnos, conciliación familiar y un sueldo acorde con la responsabilidad que tenemos pero, sobre todo, que se sienten a hablar con nosotros".
Remedios también es gestora de emergencias, pero pertenece al grupo de la bolsa del 112. “Nuestra situación si cabe es incluso un poquito peor que la de la plantilla, ya que si ellos sufren precariedad, la nuestra llega a un nivel máximo porque dependemos de que nos llamen por teléfono cuando hay una situación agónica en la sala de emergencias", comenta. "No nos dan contratos dignos dentro del convenio de telemarketing en el que estamos adscritos, además de cero conciliación, tensión máxima y unos niveles de estrés que un cuerpo humano no puede aguantar", concluye.
Por su parte, CCOO ha denunciado en un comunicado que la Junta está “incumpliendo mejoras prometidas como la jornada de 1.516 horas y la equiparación salarial y de jornada”. Al mismo tiempo, ha destacado que "la plantilla está sufriendo un aumento de la carga de trabajo sin reforzar el personal en las salas de los centros 112". Sobre Ferrovial ha asegurado que “vulnera constantemente los pliegos y la legalidad, en concreto, en cuestiones como equiparación de condiciones, formación adecuada, irregularidades en la contratación del personal de bolsa o modificaciones sustanciales encubiertas”.
El diputado de Unidas Podemos por Andalucía, Ismael Sánchez, ha apoyado a las trabajadoras de este servicio esencial que reivindica mejoras salariales y laborales. Sánchez ha afirmado que resulta "absolutamente indecente que el consejero Bendodo haya privatizado y externalizado un servicio por 24 millones de euros a la empresa Ferrovial". Un servicio que, en su opinión, "debería estar prestándose desde lo público, ya que sería más eficiente, más barato y porque las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras esenciales serían mucho mejores". A las puertas de la Casa Rosa, el diputado ha pedido a la Consejería de Presidencia que "ejerza sus competencias y fiscalice a esta empresa que está incumpliendo el pliego de condiciones técnicas del contrato".
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