Una "película" orquestada contra UGT-A, ya que en la contabilidad del sindicato "no había nada raro" y el citado fondo o "saldo" como lo han definido algunos de los extrabajadores era un mecanismo de "funcionamiento interno" para el "día a día" de las relaciones con los proveedores, para que cuadrasen las cuentas. En estos términos se pronuncia Francisco Fernández, ex secretario general de UGT en Andalucía.
Francisco Fernández Sevilla ha comparecido este lunes como acusado en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla en su contra y contra otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Fernández Sevilla sólo ha accedido a responder a las preguntas de su defensa y del tribunal, no así al fiscal, el resto de acusaciones y los demás abogados en representación de los restantes acusados, que son el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas más que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
El ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla ha respondido a su abogada defensora sobre el supuesto "bote" de dinero cosechado por UGT-A para sus gastos propios, gracias al excedente de la presunta práctica de imputar a las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación facturas supuestamente infladas por los proveedores previo concierto con el sindicato.
Dspués de que el extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, "información reservada y sensible" de la trama ahora sometida a este juicio, testificase en el juicio que el sindicato orquestó un sistema de "facturas fraudulentas o falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba este "bote" o "fondo de reptiles" con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.
ernández Sevilla ha manifestado que supo del término de "bote" cuando, fruto de las publicaciones derivadas de la actuación de Macias, tuvo que "dar la cara" ante los medios de comunicación, avisando de que en los mismos circuló mucha "información sesgada" fruto de la documentación que Macías "sacó" de UGT y difundió en función de sus "intereses" personales, al no haber "entendido" su despido en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE).
Fernández ha considerado que "la propia Administración" andaluza, entonces gobernada por el PSOE, "tendría algo que decir" sobre el asunto porque había dado su "OK" a las justificaciones presentadas por UGT-A respecto al gasto de las subvenciones autonómicas, rememorando que la Administración andaluza reclamó al sindicato "una nueva justificación" ante las publicaciones derivadas de las filtraciones de Macías, cuando según ha remarcado UGT-A había obtenido incluso la "felicitación" del Gobierno andaluz de entonces por cómo estaban siendo impartidos los cursos de formación.
Fernández Sevilla también ha defendido los descuentos o "rápel" que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían al sindicato por determinados "volúmenes" de compra durante periodos concretos, descuentos que no eran comunicados al órgano gestor de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, o sea la Junta, extremo que ha sido constatado a lo largo del juicio.
El ex secretario general de UGT-A ha expuesto que tales descuentos fueron negociados por el sindicato con sus proveedores y "se hacen en cualquier empresa" cuando se alcanza cierto "volumen" de compras, precisando eso sí que aunque él firmó varios de esos acuerdos con las empresas proveedoras, no fue quien negoció los mismos ni se reunió con los empresarios, pues tales aspectos no entraban en sus "funciones".
También ha defendido la creación de la empresa Soralpe, que según los investigadores sería una sociedad instrumental de UGT Andalucía para los fines indagados en el caso. Según Fernández Sevilla, esta entidad fue creada para "ayudar" al sindicato a determinadas tareas de "gestión" ante el "volumen de negocio" que afrontaba el mismo por la cantidad de programas subvencionados que tenía en marcha y la ausencia de "músculo" de la Junta de Andalucía a la hora de solucionar determinados trámites.