La Fiscalía ha rechazado que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reabra el caso sobre el asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997. El Ministerio Público ha pedido que no se admitan los recursos presentados por el PP y por las acusaciones populares ejercidas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y la Fundación Villacisneros.
En los escritos, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y 'número dos' del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, señala que los hechos que se pudieran investigar y juzgar ya están prescritos, según ha publicado Europa Press.
De esta forma, Sánchez Conde ha mostrado un criterio opuesto al de la junta de fiscales de la sección penal del Supremo. El organismo apoyó en una reunión celebrada durante febrero los recursos de casación presentados por las acusaciones populares, una posición contraria a la decisión de la Audiencia Nacional (AN), que archivó el caso por su prescripción.
La Sala de lo Penal de la AN acordó en dos autos (no referido a María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', y otro a Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', e Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería') archivar la causa abierta en su contra por el juez Manuel García Castellón al considerar que los hechos estaban prescritos porque desde que se cometieron hasta la interposición de las querellas habían transcurrido más de 20 años, el plazo límite que fija la ley para investigar estos delitos.
Las defensas venían alegando desde el principio de las pesquisas que los hechos habían prescrito, si bien sus pretensiones fueron rechazadas sucesivamente (también por la Sala de la Penal) a la espera del momento procesal oportuno. Ese momento llegó después de que el pasado agosto el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 procesara a estos tres ex jefes de ETA y a José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', por secuestro y asesinato.