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La Fiscalía, sobre el caso Anabel Pantoja: "No significa que las lesiones hayan sido intencionadas"

La decisión de no imponer medidas cautelares ni proceder a la detención de los padres tiene su base, asegura el Ministerio Fiscal, en que no se apreció ningún riesgo para la menor al regresar a su domicilio con ellos

Anabel Pantoja con Alma y junto a su pareja, en una imagen de sus redes sociales.
Anabel Pantoja con Alma y junto a su pareja, en una imagen de sus redes sociales.
01 de febrero de 2025

La investigación sobre las circunstancias que han rodeado la hospitalización de la pequeña Alma, la bebé de unos tres meses de la influencer Anabel Pantoja, sigue su curso debido a las discrepancias entre el relato ofrecido por los progenitores y el informe médico forense.

Según la versión de los padres, la niña comenzó a quejarse mientras estaba sentada en su sillita dentro del coche. Ante esta situación, el padre decidió acceder a la parte trasera del vehículo para cambiarle el pañal y, al notar que no se calmaba, le dio unos ligeros golpes en la cara y le introdujo los dedos en la boca para comprobar si se trataba de un atragantamiento. Al no lograr una mejoría, la llevaron al hospital.

Sin embargo, los investigadores han señalado que esta explicación no concuerda con la naturaleza del traumatismo craneoencefálico que presentaba la menor al ser ingresada el pasado 11 de enero en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Por este motivo, han solicitado revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial donde el vehículo estaba estacionado en el momento de los hechos.

El caso ha puesto en el foco de atención a la influencer Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, quienes enfrentan una investigación por parte de la justicia en relación con las lesiones sufridas por su hija. La menor permaneció ingresada durante 18 días en el hospital. Durante los primeros días, la pareja mantuvo silencio sobre el estado de su hija y las circunstancias de su hospitalización, con la intención de preservar su intimidad. Sin embargo, la difusión de información en diversos medios de comunicación hizo que el caso adquiriera notoriedad pública.

La confirmación oficial de la investigación llegó a través de un comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En el documento se informaba de la apertura de diligencias previas contra los progenitores desde el pasado 21 de enero, considerándolos presuntos responsables de un delito de maltrato infantil. Esta notificación generó un fuerte impacto en la pareja y en sus representantes legales, Irene Sorribas y Mercedes Ruiz-Rico, quienes han denunciado en declaraciones a la revista Hola que los progenitores están siendo sometidos a un "juicio mediático". Asimismo, manifestaron su preocupación por la difusión de información que, en su opinión, vulnera el derecho a la privacidad de la menor.

Desde el TSJC han justificado la emisión del comunicado oficial debido a la filtración de la declaración de David Rodríguez ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Según fuentes judiciales citadas por el diario ABC, esta filtración motivó la necesidad de esclarecer la situación antes de que surgieran versiones extraoficiales que pudieran distorsionar el proceso.

Un caso de interés público

El Tribunal se amparó en el protocolo de Comunicación de la Justicia de 2020/10, el cual establece la posibilidad de informar a los medios de comunicación sobre casos de interés público. Entre los factores considerados para hacer pública la investigación se encuentran la identidad de los implicados, la relevancia del hecho y el impacto social del caso. En este sentido, la repercusión mediática previa sobre la hospitalización de la menor y la investigación en curso cumplían varios de los criterios establecidos en el protocolo.

De acuerdo con el TSJC, antes de la emisión del comunicado oficial ya se habían publicado al menos siete informaciones extraoficiales relacionadas con el paso de los investigados por el juzgado. La entidad judicial subraya que, en las fases de instrucción de un procedimiento, es habitual que se produzcan filtraciones y juicios paralelos, lo que puede perjudicar el desarrollo del caso.

El tribunal ha defendido que la divulgación de información puntual, objetiva y veraz por parte de las instituciones judiciales es el mejor mecanismo para evitar interpretaciones erróneas y garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Consideran que la transparencia en estos casos permite contrarrestar la propagación de especulaciones y asegurar un tratamiento adecuado del proceso judicial.

Por el momento, la investigación sigue en marcha y se espera que el análisis de las pruebas recopiladas, incluidas las grabaciones de seguridad solicitadas, permita esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad penal en la hospitalización de la menor. Las autoridades han insistido en que cualquier conclusión deberá basarse en pruebas objetivas y en el debido proceso legal.

Mientras tanto, tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez han optado por mantenerse en silencio en relación con el avance del caso, a la espera de que la justicia determine la responsabilidad de los hechos. Su defensa legal ha reiterado la importancia de proteger la intimidad de la menor y ha expresado su confianza en que la investigación esclarecerá las circunstancias reales de lo sucedido.

Desde el ámbito judicial, se subraya que la fase de instrucción es particularmente vulnerable a filtraciones y juicios paralelos, lo que hace necesario ofrecer información oficial "puntual, veraz, objetiva y responsable" para evitar interpretaciones erróneas tanto por parte de los implicados en el proceso como de la opinión pública.

"Podría tratarse de negligencia o caso fortuito"

Por su parte, la Fiscalía ha señalado que el hecho de que la investigación siga su curso "no significa que las lesiones hayan sido provocadas de modo intencionado", y que también podría tratarse de "negligencia o un caso fortuito". Además, ha destacado que la decisión de no imponer medidas cautelares ni proceder a la detención de los padres indica que no se apreció ningún riesgo para la menor al regresar a su domicilio con ellos.

Lo que sí ha confirmado la Fiscalía es que las lesiones que presentaba la niña solo pueden haber sido causadas por "la intervención de una persona que ha cogido a la niña". Esta afirmación refuerza la importancia de la investigación en curso para esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido.

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F. Jiménez

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