El decreto del Gobierno de España que paralizaba los desahucios tenía trampa, digamos. Letra pequeña, como todas las normas. Los desahucios a okupas siguen sucediendo, no se paralizan. Por eso, los juzgados aprobaron el desahucio de una vivienda en la calle Bulería de Jerez, entre La Plata e Icovesa. En una segunda planta han estado apenas dos semanas Vircan y Gabriela con sus cuatro hijos, de entre 7 y 13 años.
Su situación es compleja. El pequeño de los hijos nació en España, porque la pareja, menores ambos de 40 años, llegó hace nueve a Jerez. Son ciudadanos rumanos y desde entonces se han ido buscando la vida. Ella habla poco español y él se defiende mucho mejor. A eso de las diez y media de la mañana, la familia estaba acompañada por el concejal Ángel Cardiel, de Adelante, y un trabajador del grupo municipal. Más tarde se incorporaría Rocío Monedero, compañera de grupo y de Podemos. Un vecino se encaraba con ellos.
La vivienda está en manos de un fondo y ya hace meses iniciaron el proceso para desocupar la casa. Con ese proceso en su recta final, entraron hace unos días esta familia. La vivienda lleva tiempo así. Un problema en un baño ha provocado que la vecina de abajo, una mujer anciana, sufra importantes problemas de filtraciones, relataban los vecinos. El problema era que hasta que el fondo no recuperara la posesión del inmueble, no se iban a producir los arreglos, por lo que todo quedaba paralizado. Además, señalaban que la familia hacía ruidos. "Son niños, no pueden flotar por el pasillo", respondía Vircan.
Sobre las 11, él subía por última vez antes de entregar las llaves. En la casa, sin muebles, solo con colchones en el suelo. El quicio interior de la puerta estaba roto. "El baño solo hemos usado la cisterna para no dar problemas", aseguraba el padre. "No sabemos qué vamos a hacer ahora". El proceso se adelantó porque los desahucios a día de hoy se realizan por viviendas, no según sus inquilinos. Es decir, aunque la casa se ocupara de nuevo hace dos semanas, el lanzamiento no se paralizaba por la ocupación de la familia. De hecho, Vircan cometió "un error": firmar la orden hace unos días, sin saber, asegura, qué implicaba, que era el desahucio.
Lo que Adelante y la familia pedían era unos días más. Porque esta familia de seis miembros ha resultado beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital. 900 euros al mes que cobrarán desde julio. Han hablado con inmobiliarias, con particulares, pero nadie quiere alquilarles. "Piden nómina y más dinero". Los alquileres en Jerez han subido como en el resto del país, un incremento paralelo a la decisión de muchas familias de no embarcarse en hipotecas, fruto de la cruda crisis de 2008. El parque de vivienda es limitado mientras no se reactivan las construcciones y otras zonas van quedándose cada vez más viejas. La esperanza es que se les alquile una casa en base al IMV. "Es la única forma que tienen de hacer su vida, de comenzar, de estabilizarse en Jerez", señalan en Adelante, a pie de calle.
Pasadas las once, con la comitiva judicial presente, con miembros de seguridad privada, un cerrajero y ya sin la presencia de vecinos, el padre entrega las llaves. Se acabó. La comitiva les pide que suban para rellenar unos papeles, que aseguran que les valdrán para acudir a asuntos sociales. Cinco minutos después, enfadados, bajan de nuevo él y ella. Él, cabreado, acusa de racistas a los vecinos, a lo que los miembros de Adelante le responden pidiendo que no lo paguen con ellos, que no tienen culpa, "por favor". El padre farfulla mientras, junto a la madre, meten sus pertenencias en el coche, que llevan desde por la mañana en la entrada del bloque, junto a la escalera.
Los niños, a esa hora, están con una amiga de la familia. Dejan todo en el coche y van, con los concejales de Adelante, al centro Rosa Roig de San Benito, sede de la delegación de Acción Social del Ayuntamiento de Jerez. Esperan un largo rato con llamadas paralelas a la concejal Carmen Collado. Finalmente, llegará una propuesta cerca de las dos de la tarde: que Gabriela acuda con sus cuatro hijos a la Casa de la Mujer, un recurso para víctimas de violencia de género. Por razones similares, ya estuvieron los cinco allí antes, sin el padre. "Los niños no quieren ir", dice Vircan.
A él se le ofrece una plaza en el albergue municipal, aunque no para esta noche, pues está ocupado al completo. Al inicio de la tarde, no saben qué harán. Esta noche, por el momento, la madre y los hijos pueden tener techo, pero no casa. "Jerez no es para vivir, aquí no hay", señala el padre. "No sé qué haremos". Preguntado sobre si ocuparán otra vivienda, tampoco sabe responder. Tampoco hay, viene a decir. En unas semanas tendrá efectivamente el IMV. Pero ni siquiera esta ayuda está sirviendo, por el momento, para salir de un bucle de pobreza.
Es la realidad de los desahucios. Cuatro hijos en la calle, familias cuya única alternativa a corto plazo es separarse, inestabilidad y mucha incertidumbre. Desde Adelante avisan: "En el estado de alarma se paró un poco la situación, pero el decreto del Gobierno tiene muchas casuísticas y van a darse más desahucios en Jerez. Uno ya sabemos que será dentro de una semana. Y los que vienen".
La propuesta de Adelante
Desde la formación explican que estuvieron negociando con el equipo municipal varias soluciones para estos casos. El primero es un mapa de viviendas alquilables en Jerez, de parque privado. Calculando el precio medio de cada barrio, el propietario, sin que sea obligado a ello ni nada parecido, recibe la propuesta de cobrar un 10% menos de ese precio previsto con una garantía municipal, un seguro ante impagos, que haga que el Ayuntamiento responda si los inquilinos no pagan su mensualidad. "Se estuvo hablando con la delegación de Vivienda y con Emuvijesa, pero finalmente no ha salido adelante cuando ya teníamos previsto votarlo en el pleno".
La otra opción es que el Ayuntamiento arregle las viviendas que son de su propiedad, el parque público municipal de casas vacías. "No están para vivir, requiere una inversión para que sean habitables. Pero tampoco se ha dado esa solución".
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