El Gobierno de España, a través de la Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a Airbnb, la famosa plataforma de pisos turísticos. Esto supone el inicio de un trámite que puede acabar con una cuantiosa sanción por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitaban sin licencia, según ha informado el Ministerio de Pablo Bustinduy.
La decisión de Consumo llega después de que en el mes de junio el mencionado departamento enviase un requerimiento a la plataforma para que retirase los "miles de anuncios" de viviendas turísticas que ofrecía el dominio sin número de licencia. Algo que Airbnb no ha hecho.
Según la normativa, las prácticas que se están investigando al respecto pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
El incoamiento del expediente abre ahora un periodo para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de Consumo. La investigación de Consumo comenzó el pasado mes de junio con un requerimiento de información a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios.
A esta petición de información, se sumó un nuevo requerimiento de cese enviado a una de estas plataformas en la que se le instó a retirar "de forma inminente" miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia. Meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por no dar solución al problema.
No obstante, la Dirección General de Consumo recalca que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo. Los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar, para Consumo, "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada".
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