El reciente asesinato de una auxiliar técnica educativa a manos de menores en un centro de Badajoz ha reabierto el debate sobre la falta de protección para los profesionales que trabajan con jóvenes en riesgo. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) alerta de que Andalucía arrastra carencias "críticas" en recursos humanos y materiales, lo que expone a los trabajadores a situaciones de peligro sin reconocimiento legal ni económico.
Varias capitales andaluzas acogieron concentraciones convocadas por el SAF para visibilizar la precariedad en los servicios de protección de menores y reforma juvenil. El sindicato denuncia que algunas provincias ni siquiera cuentan con asesores técnicos en sus equipos, lo que dificulta la atención a menores conflictivos.
La Junta de Andalucía incumple desde 2015 una recomendación del Defensor del Pueblo que exigía reconocer la "peligrosidad" en el trabajo de los funcionarios que retiran menores de entornos familiares violentos. El Defensor ya advirtió en 2015 que informes jurídicos de la propia Junta reconocían el riesgo en estas tareas, que a menudo requieren escolta policial. "Garantizar la seguridad de los trabajadores y los menores no es optativo", señalaba el organismo, citando casos donde la intervención de las fuerzas de seguridad es esencial.
La escasez de plazas y la falta de personal especializado han llevado al sistema andaluz a un "punto crítico", según el SAF. El sindicato subraya que la administración "juega con fuego" al ignorar las advertencias: "No puede esperar a que ocurra una tragedia aquí", advierten.
Reacción política exigida
El SAF reclama a la consejera López que actúe "de inmediato" para reforzar los servicios y cumplir con el Defensor. "Es irresponsable que lleve diez años incumpliendo compromisos mientras los trabajadores arriesgan su integridad", señala el comunicado. Tres años después del último compromiso, el plan prometido para reformar los recursos humanos sigue sin materializarse. El sindicato tacha de "lamentable" el trato a los funcionarios y al Defensor, cuyas recomendaciones "caen en saco roto".
"Exigimos que la Junta deje de mirar para otro lado", concluye el SAF, recordando que la muerte de la educadora en Extremadura es un "aviso trágico" de lo que podría ocurrir en Andalucía. La fecha del comunicado, 24 de marzo de 2025, evidencia la urgencia de una reforma que lleva una década pendiente.
