Los bomberos del Infoca han mostrado su preocupación en las últimas horas acerca de la situación de los vehículos con los que tienen que operar. La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) ha declarado desierto el concurso para adquirir una nueva flota de todoterrenos 4x4 para este cuerpo de extinción de incendios forestales.
Según denuncian los propios bomberos, el estado de los vehículos que actualmente manejan no es apto para trabajar sin poner en riesgo a sus ocupantes, una situación realmente delicada que se ha visto empeorada por la burocracia. Y es que el contrato de licitación con las empresas interesadas, tasado en 25,5 millones de euros, vence el próximo 30 de junio y debido a los retrasos técnicos y la pugna entre los licitadores, estos han acabado retirándose, ya que ven imposible entregar los 350 4x4 solicitados antes de llegar a la fecha límite.
El pasado 19 de enero se celebró una reunión entre el comité intercentros de Amaya y diferentes sindicatos, que trasladaron a la empresa su preocupación ante la falta de avances en las negociaciones a medida que se iba acercando el final del período estipulado para cerrar el contrato.
Finalmente, sus temores se han hecho realidad y tendrán que prorrogar el alquiler de los Land Rover Defender con los que llevan trabajando varios años pagando 2,43 millones de euros a la empresa proveedora de los mismos. A pesar de que habían alertado de la necesidad de sustituir los vehículos por su mal estado y pedir su recambio por 'pick ups', algo que finalmente no sucederá de cara a esta temporada y que volverá a tratarse en 2024.
Esta situación ha llegado ya al Parlamento de Andalucía, donde Vox ha exigido explicaciones acerca de la declaración como desierta de la convocatoria y ha calificado de "poco convincentes" las declaraciones de Amaya, que ha asegurado que el propio contrato de alquiler lleva aparejado "un nivel de servicios exigente en materia de seguridad" y que "está obligada al mantenimiento periódico de todas las unidades móviles según la normativa vigente".
Además de esto, desde Amaya han achacado la imposibilidad de compra de la nueva flota a la pugna entre las empresas licitadoras, algo que la formación política de ultraderecha considera "una chapuza", señalando que "no es serio culparles de algo que dentro de la lógica defensa de sus legítimos intereses empresariales".
Por su parte, la consejería de Sostenibilidad, de la que depende Amaya, defiende que "no pudo preverse la exorbitada conflictividad generada, de tal punto que el ejercicio de las sucesivas acciones legales ejercidas por los licitadores en defensa de sus intereses ha provocado un imprevisible plazo de tramitación que ha excedido cualquier planificación diligente" y admiten que con el tiempo que queda antes de que se cumpla el plazo es inviable alcanzar algún tipo de acuerdo.