La Audiencia de Sevilla ha fijado para octubre de 2026 el inicio del juicio por el brote de listeriosis provocado por carne mechada de la marca "La Mechá", uno de los más graves registrados en España. Este brote, ocurrido en 2019, resultó en la muerte de cuatro personas, la pérdida gestacional de siete fetos y dejó a unas 240 personas afectadas por lesiones. El juicio se prolongará durante un total de 43 sesiones, que se desarrollarán entre octubre de 2026 y enero de 2027, con la conclusión prevista para el 27 de ese mes.
El proceso judicial, que contará con la intervención de la Sección Séptima de la Audiencia, será presidido por el magistrado Alejandro Vian Ibáñez, quien fue designado para tomar el relevo del anterior juez ponente tras su cese. La decisión fue tomada de acuerdo con el turno de reparto establecido en la Audiencia.
En relación con el caso, el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla acordó en el verano de 2022 continuar con el procedimiento contra siete investigados. Además, resolvió declarar responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla, así como a la aseguradora AXA, por su vinculación con los hechos.
En cuanto a las acusaciones, la Fiscalía solicitó penas de 10 años de prisión y diversas multas para los propietarios de la empresa Magrudis, entre otros imputados. El Ministerio Público considera que los responsables de la empresa cometieron varios delitos relacionados con la salud pública, que incluyen cuatro delitos de homicidio, siete de lesiones al feto, 235 de lesiones y otros cargos como defraudación de fluido eléctrico y falsificación de documentos oficiales.
Una carne 'mechá' contaminada
El brote de listeriosis fue provocado por la bacteria Listeria monocytogenes, la cual se asoció al consumo de carne mechada contaminada. El caso afectó a varias comunidades autónomas y desencadenó una alerta sanitaria en toda España, que culminó con la declaración del estado de alarma a nivel 1 en agosto de 2019.
Los acusados, responsables de Magrudis, eran conscientes de las deficiencias sanitarias en los procesos de elaboración de la carne mechada. La Fiscalía sostiene que sabían del riesgo grave o muy grave que conllevaba la comercialización del producto, pero no informaron a las autoridades sanitarias ni al Ayuntamiento de Sevilla ni a la Junta de Andalucía, lo que se interpretó como un intento deliberado de ocultar los hechos.
Este ocultamiento, según la acusación pública, permitió que el producto contaminado llegara al mercado, poniendo en peligro la salud de los consumidores. Además, se argumenta que los responsables eludieron las obligaciones legales que garantizan que los productos alimenticios cumplan los criterios de seguridad biológica establecidos.
La Fiscalía también subraya la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla, al considerar que su actuación fue deficiente y tardía en la gestión de la crisis sanitaria. En su opinión, esta inacción contribuyó al mal funcionamiento de los servicios públicos y a la gravedad de los resultados derivados del brote.
Este juicio se considera uno de los más importantes en la historia reciente de la justicia española en términos de delitos relacionados con la salud pública. La magnitud del caso ha generado una gran expectación, dada la gravedad de los daños causados y la implicación de varias entidades, tanto públicas como privadas, en los hechos ocurridos.
A medida que se acerca la fecha del juicio, se espera que el proceso arroje detalles adicionales sobre la responsabilidad de los implicados y sobre las fallas en la cadena de control y vigilancia sanitaria que permitieron que el brote se propagara de manera tan devastadora.