Continúan las reuniones para intentar dar respuestas a la grave crisis del sector ovino en Sevilla por culpa del virus de la lengua azul. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía celebró el pasado martes 10 de diciembre un nuevo encuentro con representantes del sector ganadero para seguir abordando el avance de este patógeno y definir posibles estrategias frente a esta enfermedad. Durante el mismo, se expusieron diferentes propuestas con el objetivo de recoger las opiniones del sector y tomar decisiones que beneficien directamente a los ganaderos.
El director general de Producción Agrícola y Ganadera, Daniel Quesada, destacó que, aunque se exploraron varias líneas de actuación, prefiere esperar a conocer la postura del Ministerio de Agricultura para hacerlas públicas. En este sentido, subraya que la próxima reunión clave tendrá lugar el martes 17 de diciembre, en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura en Madrid.
Antes de esa fecha, están previstas otras reuniones para concretar por escrito hasta dónde pueden llegar las comunidades autónomas en la implementación de medidas. Estas acciones buscarían complementar las iniciativas adoptadas por el Gobierno de España, o en su defecto, reforzar las estrategias a nivel nacional. La Consejería reiteró su compromiso con el sector ganadero y subrayó la importancia de coordinar esfuerzos para frenar el impacto de esta enfermedad, garantizando la eficacia de las medidas adoptadas y la protección del tejido productivo en Andalucía.
Un consenso difícil
No obstante, y a pesar de que desde la Consejería prefieran esperar a la reunión del próximo martes 17 de diciembre, lavozdelsur.es ha tenido acceso al contenido de lo que se habló el día 10 de diciembre. Según fuentes consultadas por este medio, esta reunión de Sanidad Animal de Andalucía, con la lengua azul como tema central, congregó a representantes de la Consejería junto a organizaciones sectoriales como Asaja, UPA, COAG y la Federación Andaluza de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (Fadsg), en la que se analizaron las medidas necesarias para contener la enfermedad. Destacaron las dificultades logísticas, como la escasez de vacunas para los serotipos 3 y 8 hasta febrero de 2025 y la alta mortalidad registrada en explotaciones ya afectadas, que ronda el 6-7%, a la espera de contabilizar abortos.
Según lo expuesto por parte de la administración, reconocieron a las organizaciones que vacunar animales afectados puede incrementar la mortalidad. Esto se ha observado en comarcas donde la inmunización contra el serotipo 3 se aplicó tras la aparición del virus, lo que sugiere que el sistema inmunológico del animal, ya debilitado, podría reaccionar de forma adversa a la vacuna. De hecho, la Consejería, según las fuentes consultadas, indicó que una estrategia de vacunación correcta pasa por inyectar la dosis antes de que el virus circule de nuevo y antes de la paridera, la cual puede verse muy afectada por la vacuna y la enfermedad, pero debido a la fecha en la que se convoca la reunión, el expediente de compra de la Administración “ya no llegaría a tiempo”.
De cara a la reunión del comité Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria) el 17 de diciembre, la Consejería planteará una estrategia nacional que incluya la delimitación de dos grandes zonas: una restringida, que abarcaría Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y el sur de Castilla y León; y otra libre. La vacunación obligatoria se limitaría al ovino, dejando al bovino optar por una inmunización voluntaria, para evitar restricciones comerciales excesivas. Además, exigirán, según estas fuentes, un plan de contingencia para futuras entradas de serotipos no inmunizados. No obstante, fuentes de la Consejería admiten que será difícil lograr un consenso entre las comunidades autónomas, dadas las diferencias de intereses regionales.
La FADSG respaldó la propuesta de la Consejería, especialmente la vacunación del ovino y la creación de una única Zona Restringida sin subdivisiones internas. Sin embargo, mostraron preocupación por la falta de uniformidad en las restricciones impuestas por el Ministerio, particularmente en comarcas del Estrecho de Gibraltar. Ante esta situación, advirtieron que, de no recibir datos claros sobre las medidas, considerarán “emprender acciones legales por los perjuicios ocasionados a los ganaderos”. También solicitaron a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) mayor implicación junto al ganadero afectado en las declaraciones oficiales de sospecha de enfermedad, esenciales para que los afectados puedan acceder a las ayudas.
Las organizaciones ganaderas, con temor
Por su parte, COAG puso sobre la mesa el impacto de las nuevas restricciones en el movimiento de animales hacia cebaderos en otras comunidades autónomas, alertando de las dificultades que generaría la vacunación obligatoria del bovino para los terneros de engorde. Asimismo, insistieron en la necesidad de coordinar una respuesta más eficiente y en los problemas derivados de la alta mortalidad y morbilidad de la enfermedad, especialmente en explotaciones que vacunaron tarde.
La organización agraria explicó que "el objetivo de estos cambios es actuar de una forma más rápida y efectiva contra la enfermedad de la lengua azul". Actualmente, los serotipos conocidos en España incluyen el 1, 3, 4 o el 8, pero advierte que otros serotipos, como el 2 o el 5, están presentes en el norte de África, y el 6 ya circula en otras zonas de Europa. "Todo esto, tarde o temprano, acaba llegando", subrayaron.
Otro de los temas tratados fue el de las indemnizaciones a los ganaderos afectados. Según indican, temen que el proceso sea lento: "Europa es la que tiene que pronunciarse, y eso, por desgracia, lleva tiempo”. Estima que las indemnizaciones no llegarán antes de seis meses y que a corto plazo “no se ve nada”. Lo que más preocupa a COAG es el plazo de las indemnizaciones: “Sabemos cómo funciona la Administración, pero al menos queremos la garantía de que se paguen, aunque sea tarde" añadieron.
En este contexto comunitario, mencionan la aprobación de la llamada medida 23 de los Planes de Desarrollo Rural, que inicialmente estaba destinada a paliar los efectos de la sequía, una reivindicación histórica de Andalucía que hasta ahora había sido denegada. Según indicó "por fin se ha aprobado y, a través de esa partida presupuestaria, se pretende canalizar las indemnizaciones relacionadas con la lengua azul”. Sin embargo, insistió en que "esto también irá despacio, muy despacio”. En este sentido, en el encuentro se indicó desde la Junta de Andalucía que van a considerar el padecimiento de la lengua azul como causa de fuerza mayor de cara al cumplimiento de requisitos para las ayudas de la PAC, por lo que el ganadero cuyos animales hayan enfermado, no tendrán la obligación de cumplir con las condiciones de carga ganadera, ni de umbral de comercialización del 0,6%.
A este respecto, en la reunión se indicó que tanto la medida 23 de los PDR como las ayudas de la PAC, podrán cobrarse "siempre y cuando los ganaderos hayan registrado las muertes”. En el caso de la PAC, para las ayudas asociadas al ovino de 2025, se tendrá en cuenta que las explotaciones afectadas por lengua azul puedan tener menos animales potencialmente subvencionables y le aplicarán las causas de fuerza mayor. Para que los técnicos puedan considerar esto, los ganaderos deben haber comunicado a la OCA la sospecha de enfermedad y pérdidas sufridas antes de que acabe el año 2024. En el caso de las ayudas directas, COAG indica que “deberían pagar a lo largo de 2025 y la consejería quiere que sea lo más rápido posible, pero no tienen ni siquiera un borrador”, apostillan.
Los pastores siguen con escepticismo
Varios ganaderos sevillanos consultados por lavozdelsur.es indican que, si bien agradecen que haya avances en estas reuniones, “las ovejas se siguen muriendo a pesar del frío, a diario, y los partos siguen siendo una auténtica ruina”. De hecho, uno de los grupos de WhatsApp que aglutina a los afectados, sigue recibiendo a diario vídeos de ovejas muertas, “mal paridas” o corderos que nacen débiles o sin vida. No obstante, se congratulan de que, “por fin”, reconozcan que “vacunarlas cuando estaban malas con el virus ha sido una pésima decisión y para nosotros ya sea demasiado tarde”, pero lamentan que no haya “ningún tipo de ayuda inmediata, a pesar de que hemos perdido el dinero de todo un año de trabajo”.
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