La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha expresado sus dudas sobre la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral. Durante su intervención en los Desayunos Empresariales 'La Mirada Económica', Blanco explicó que, en general, la reducción de jornada está vinculada a un aumento de la productividad en las empresas, lo que permitiría a los empresarios optar por incrementar los salarios o reducir las horas de trabajo. Sin embargo, según la consejera, la medida planteada por el Gobierno sería una "imposición regulatoria", en la que las pequeñas y medianas empresas, así como los autónomos, asumirían los costes sin que se incrementara la productividad.
Blanco destacó que, tradicionalmente, la reducción de jornada responde a una subida de la productividad en una proporción directa: por cada incremento del 10% en la productividad, las empresas suelen reducir un 3% la jornada laboral. En este contexto, mencionó que las grandes compañías en España ya han adoptado modelos de trabajo con convenios que rozan las 37 horas y media semanales, algo similar a lo que busca el Ejecutivo. No obstante, advirtió que la actual propuesta gubernamental no se basa en una mejora de la productividad, que, según los datos, ha disminuido un 2,7% en España desde 2018, mientras que en Europa ha crecido un 4,2%.
La consejera subrayó que la reducción de jornada sin un aumento de la productividad tendría efectos negativos en la economía. Según Blanco, esta medida provocaría un "shock de oferta negativo", ya que las empresas tendrían que ajustar su modelo de trabajo, posiblemente priorizando sectores más rentables y reduciendo su actividad en áreas menos productivas. Este ajuste podría resultar en una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) en siete décimas en los próximos dos años, además de una pérdida de empleo y un aumento de la tasa de desempleo en el mismo período.
Las razones de Blanco
Asimismo, la consejera apuntó que la medida podría implicar una subida "encubierta" del salario de entre un 6% y un 7%, dado que los trabajadores seguirían percibiendo el mismo sueldo, pero con menos horas de trabajo. Este ajuste, en su opinión, afectaría directamente a la competitividad y productividad del país, ya que el sistema económico español depende en gran medida de la cantidad de horas trabajadas.
Blanco insistió en que, para evitar una caída del PIB, sería necesario un enfoque distinto basado en el incremento de la productividad. En este sentido, criticó que, en lugar de centrarse en este desafío estructural, el Gobierno se esté enfocando en una medida que podría empeorar la situación económica sin abordar los problemas fundamentales. La consejera subrayó que España ya enfrenta dificultades graves en cuanto a productividad, especialmente cuando se comparan los índices con otros países europeos.
Por último, Rocío Blanco consideró que la propuesta gubernamental es una respuesta insuficiente a los problemas económicos del país. En su opinión, el Ejecutivo debería centrarse en mejorar la productividad, crear empleo estable y reducir el desempleo juvenil, en lugar de aplicar reformas que, según ella, no resolverían los problemas estructurales del mercado laboral español.