El fin de año ha llegado cargado de medidas. Pedro Sánchez aprovechó su última comparecencia del curso para anunciar las decisiones que había tomado el Consejo de Ministros. En discurso incluyó todo lo referente al decreto 'anticrisis', pero también explicó una serie de acuerdos permanentes de cara al inicio de 2024.
La polícita del Gobierno de España actualmente está marcada por los pactos con las fuerzas nacionalistas. Ello está provocando que muchas de estas medidas se ofrezcan también al resto de comunidades con el objetivo de que no haya agravios. El principal ejemplo es la quita de la deuda pactada con Cataluña que también se extenderá al resto de territorios.
La estrategia de la Junta de Andalucía es, precisamente, pedir lo mismo que se dé a País Vasco y Cataluña con el objetivo de dejar en evidencia al Ejecutivo nacional cuando asuma que el Estado no tiene capacidad para repartir a todos por igual. De ahí a que Andalucía haya condicionado su petición para gestionar la red de Cercanías a que el Gobierno de España transfiera las competencias en las mismas condiciones y bajo los mismos parámetros económicos que con Cataluña.
Precisamente, Pedro Sánchez también había pactado con la Generalitat el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Esta semana el presidente del Gobierno ha sorprendido ofreciendo lo mismo al resto de comunidades autónomas que así lo deseen. "Se aprueba la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a todas aquellas comunidades autónomas de régimen común que así lo deseen y de esta forma se equipararán con las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido".
El Gobierno andaluz, con el debate territorial abierto de par en par, no ha tardado en salir al paso de este ofrecimiento. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que dirige Loles López ha recordado que esta petición ya fue realizada por la Junta de Andalucía en septiembre de 2022, nada más llegar López al Gobierno andaluz.
Sin embargo, Inclusión Social recrimina al Gobierno que aún está esperando una respuesta" y al igual de lo que sucede con la gestión del ferrocarril, la Junta de Andalucía condiciona el traspaso de las competencias a una cesión de "los recursos y fondos necesarios para gestionar esta prestación". Por su parte, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco insistió que la petición de competencias no era un capricho, sino una forma de intentar gestionar mejor los asuntos.
El conflicto entre Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción
Lo cierto es que Andalucía ya tiene una ayuda similar al IMV. La Renta Mínima de Inserción lleva años operando en la comunidad, aunque lo cierto es que no es efectiva ni llega a todo el que lo necesita. Además, a pesar de que en 2020 y 2021 ambas ayudas eran compatibles, una modificación legal de la Junta de Andalucía hizo que en 2022 dejaran de serlo.
La situación ha llevado a la Cámara de Cuentas a emitir un informe en el que se se advierte a la Junta de la mala gestión que se realiza con la llamada Rmisa. Lo que el organismo califica como falta de planificación ha provocado que entre 2018 y 2021 el número de solicitudes pasara de 82.021 a 30.953. De nuevo la burocracia la tomaba con quienes más necesitan de la administración pública.
"La complejidad del procedimiento junto con ciertas barreras de entrada (tales como la exigencia que la unidad familiar sea estable o los requisitos en relación con el empleo), la limitada difusión de la ayuda, y la escasa formación de parte de los solicitantes y potenciales demandantes dificulta la accesibilidad a la prestación", señalaba la Cámara de Cuentas. Además, la modificación que hizo incompatibles ambas ayudas colaboró para este descenso de las solicitudes.
La cosa no queda ahí. Esta ineficacia ha sido aprovechada por la Junta de Andalucía para ir reduciendo paulatinamente la cantidad destinada en sus presupuestos a la Renta Mínima de Inserción. Si en 2018 las cuentas destinaban 198 millones, en los Presupuestos aprobados para 2024 sólo contempla 30. Especialmente drástico ha sido el recorte de este último año ya que en 2023 se destinaron 73 millones.
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