El Parlamento andaluz, con los votos a favor del Grupo Popular (ponente de la proposición no de ley), PSOE-A, Por Andalucía, y el grupo mixto Adelante —Vox ha votado en contra—, ha solicitado al Gobierno central que transfiera al sistema sanitario de la administración autonómica la competencia en materia sanitaria en las cárceles de Andalucía.
La diputada del PP-A Remedios Olmedo ha sido la responsable de defender una iniciativa que, a su juicio, supone "un paso más en el camino del autogobierno, asumiendo competencias para mejorar la atención de los andaluces desde la cercanía".
En contraposición, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha gastado 21 millones en privatizar la atención primaria en cárceles y Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España desde 2018, al tiempo que ha exigido a la Administración central que revoque los contratos de privatización de la atención primaria en prisiones de Andalucía, como Huelva, y Alhaurín de la Torre y Archidona (ambos en Málaga), donde "se paga 53 o 54 euros por atención a los internos".
"Los responsables y profesionales de la sanidad penitenciaria están firmemente convencidos de la necesidad y de las ventajas de integrar la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las comunidades autónomas", según ha señalado, encontrando también el apoyo a la izquierda del PSOE. Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha defendido la medida, asegurando que "está en la hoja de ruta del desarrollo estatuario que venimos defendiendo, no solo en sanidad también en la gestión integral de las instituciones penitenciarias. Garantiza una mejor atención de la población reclusa".
En todo caso, se ha aprobado que dicha transferencia vendrá "necesariamente acompañadas de la liquidación de la deuda pendiente a la comunidad autónoma y de la correspondiente asignación de recursos económicos y humanos a la misma por el coste real y suficiente de la asistencia sanitaria que se presta a las personas reclusas y que son responsabilidad de la administración penitenciaria, garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario público".
Por su parte, la diputada del PSOE-A María Márquez ha indicado que el PP-A hace un "ridículo tremendo" con esta iniciativa, pidiendo gestionar la sanidad pública en las cárceles en una especie de "acto de fe", cuando la Junta ha "privatizado" el sistema sanitario público y lo está convirtiendo en un "negocio". "Tienen el morro de decir que quieren gestionar la sanidad en las cárceles", según Márquez, para quien esto es un "chiste" y no hay "por dónde cogerlo".
El parlamentario de Vox Rafael Segovia, que ha hablado de los déficits de atención médica en muchas de las cárceles andaluzas, ha manifestado que hay que cambiar urgentemente la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios, pero esta iniciativa del PP-A "no es la respuesta que se necesita". Ha señalado que el PP-A ha planteado una solución en la que "no cree" y está "jugando con la esperanza" de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios, al tiempo que ha aludido al gasto sanitario que una transferencia de este tipo conlleva, dejando claro también que choca que el SAS hable de que hacen falta médicos y ahora quiera transferencias de competencias que requerirán de más facultativos en el sistema sanitario andaluz.
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