Lo que era imposible se ha convertido en posible. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha planteado una solución para estabilizar a los más de 1.000 interinos que fueron despedidos recientemente de la administración de la Junta de Andalucía.
Así lo manifestó el consejero José Antonio Nieto en el último pleno. Tras un mes asegurando que era imposible legalmente revertir la situación, ha propuesto un acuerdo al resto de grupos parlamentarios y organizaciones sindicales para que estos trabajadores sigan perteneciendo a la Junta de Andalucía conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público del Gobierno central.
Niesto ha asegurado que esta solución "sólo será posible desde la unidad, la transparencia, la lealtad y la legalidad". Nieto ha remarcado que desde la Consejería se sigue trabajando, buscando el consenso y la unidad con sindicatos y grupos políticos, después de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública "no haya ofrecido ninguna alternativa o solución a la situación de los interinos andaluces" que no superaron los procesos de estabilización convocados en cumplimiento de las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 y, por tanto, regidos por los criterios marcados por las mismas.
En este sentido, ha recordado que estos procesos fueron convocados en "cumplimiento de los acuerdos que ya estaban firmados" con las organizaciones sindicales a la llegada del nuevo Gobierno en 2019 para reducir la temporalidad en la Junta, que llegó a superar el 50%. Se convocaron conforme a la "normativa rígida" existente entonces, cuando aún no había sido publicada la Ley 20/21, que abrió vías más flexibles para realizar procesos selectivos, ha agregado.
Los ceses se produjeron una vez que se incorporó el personal funcionario que sí superó los procesos de selección que provienen de las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, según ha aclarado, y ha explicado que las plazas convocadas entonces se adjudicaron mediante concurso-oposición, en lugar de solo oposición, de forma que no solo se contara la puntuación del examen, sino también la experiencia laboral de los candidatos.
El objetivo es reducir del 50% de temporalidad que llegó a haber en la Junta de Andalucía en 2018 al 5% cuando culminen todos los procesos de estabilización, según ha abundado el consejero, cumpliendo la legalidad y teniendo "humanidad" con la situación de los interinos de larga duración cuya experiencia en la Administración Pública "haríamos mal en desaprovechar", ha concluido.
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