La Junta de Andalucía ha presentado este miércoles en el Parlamento de Andalucía los resultados del I Plan de Memoria Democrática 2018-2022. Lo ha hecho después de que el Gobierno andaluz hubiese presentado el segundo plan hace tan solo unas semanas. Lo ha hecho Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, después de que el PSOE lo haya solicitado.
Los socialistas han acusado a la Junta de haber frenado las exhumaciones y de no cumplir la Ley de Memoria Democrática andaluza aprobada en 2018. De hecho, las críticas más directas han ido en referencia al número de símbolos franquistas que siguen en Andalucía (un centenar) o de la paralización de la ley en las aulas al formar en Memoria a, tan solo, el 0,3% de los docentes andaluces.
Sin embargo, Bernal ha querido mostrar la preocupación que existe en el Gobierno andaluz por un tema específico de este asunto. La Junta teme que las víctimas que han sido exhumadas no puedan ser identificadas por el fallecimiento de sus descendientes directos. "El tiempo corre en nuestra contra". Este hecho ha sido la justificación del consejero para invertir más presupuesto en las identificaciones de ADN que en las exhumaciones. Esta última, una actividad que recibe financiación por otras vías.
Las identificaciones a través de ADN, como es lógico, son más factibles a través de un hijo o nieto que a través de un bisnieto o un tataranieto. "Estamos implicados porque es una labor humanitaria", ha afirmado Arturo Bernal. El responsable de Memoria Histórica en la Junta de Andalucía se ha referido al Comisionado de la Concordia y al convenio con la Universidad de Granada para realizar las identificaciones. Actualmente, Andalucía tiene capacidad para identificar a 600 víctimas al año.
Las asociaciones memorialistas, por su parte, señalan que aún quedan 700 fosas comunes por abrir y exhumar a las víctimas. "La memoria no debe usarse como tema de enfrentamiento ni división", ha apostillado Bernal. Además, el consejero ha hecho público que llama personalmente a los familiares de las víctimas localizadas. Un momento que es "el más emocionante", según ha declarado en la Cámara.
Rafael Recio, diputado socialista encargado de debatir, ha deslizado que la dejación de funciones de la Junta a la hora de aplicar la Ley de Memoria se debe a que el Partido Popular es heredero de Alianza Popular y, por tanto, de dirigentes franquistas. "Nosotros no somos aquello", ha aclarado Bernal, quien también ha afirmado que la ejecución presupuestaria en 2023 es del 99% y que el número de exhumaciones en los dos últimos años de gobiernos populares multiplican por diez las realizadas por el PSOE en sus últimos dos años al frente de la Junta. "No utilicemos la Memoria como arma arrojadiza".
El conflicto por la concordia
El PSOE ha acusado al consejero de manosear el término 'concordia', algo a lo que Bernal ha respondido señalando que es un concepto que aparece constantemente en la Ley de Memoria Histórica aprobada por Andalucía. Recio también ha denunciado que la Junta ha eliminado los canales de comunicación con la Junta y las oficinas de víctimas del Franquismo.
Precisamente, el uso del término 'concordia' es un tema que no satisface a las asociaciones memorialistas. Paqui Maqueda, presidenta de 'Todos los nombres', defiende que "la palabra concordia se tiene que aplicar después de que se sepa la verdad, se haga justicia a las víctimas y se repare. Entonces llegará la concordia, si es que llega porque el perdón es personal y familiar". Por ello solicitan a la Junta que recabe la verdad y haga justicia.
"Muchas veces en las intervenciones de la Junta se habla de compasión, concordia, piedad o pena. No nos gusta ese lenguaje. Todas las intervenciones que se hagan se tienen que revestir de la justicia con la que se debe abrir la fosa, debe haber una intervención judicial", añade sobre aplicar el derecho internacional sobre el que se construyó la ley andaluza.
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